Las tres juezas de Nápoles que condenaron a Valter Lavítola a tres años de prisión han confirmado que el ex mandatario de panama Ricardo Martinelli extorsionó e intimidó a la empresa italiana Impregilo para que financiara los más de $20 millones que costaba el hospital pediátrico de Veraguas, prometido por el ex primer ministro Silvio Berlusconi, en 2010.
La presidenta del Colegio de jueces de la sexta sección penal del Tribunal de Nápoles, Giovanna Cepalluni, y sus colegas magistradas Alessandra Cataldi y Bárbara Mendia, revelaron el pasado 7 de marzo las motivaciones del fallo condenatorio en el que han afirmado que Lavítola se hizo “portavoz de la intención de Martinelli de desacreditar a la empresa Impregilo”.
Martinelli es descrito en la sentencia final como cómplice y, según fuentes de la Fiscalía de Nápoles, esto abre la puerta para imputar judicialmente en Italia al exjefe de Estado panameño, quien salió de Panamá desde el pasado 28 de enero y no ha regresado.
El empresario estadounidense Rogelio Oruña aparece como tercer ángulo del triángulo corruptivo, porque a él se le otorgaría el contrato para construir el hospital.
La sentencia –de carácter técnico-judicial, de 41 páginas– establece que este proceso por extorsión se coloca “en el ámbito de un cuadro criminal más amplio”, en el que la corrupción internacional Italia–Panamá es el “antecedente histórico y lógico de la conducta delictiva” del convicto Lavítola.
Las magistradas subdividen de manera sistemática los elementos documentales, sentencias judiciales, interceptaciones telefónicas, verbales de los interrogatorios, y otras fuentes que prueban el delito para concluir que concuerdan plenamente con la acusación.
De hecho, el fiscal jefe del Tribunal de Nápoles, Vicenzo Piscitelli, pidió un año de prisión para Lavítola que, finalmente, el Colegio judicial amplió en una condena de tres años.
Es “evidente” que hubo “un acuerdo ilícito” entre Impregilo y Martinelli, que consistió en el compromiso “no escrito” de financiar el hospital a cambio de la adjudicación de las obras del Metro, afirma el fallo.
“Parece evidente que dicho acuerdo tuviera como fin alterar el desarrollo regular del concurso público para la adjudicación del Metro”, dicen.
El Colegio judicial agrega que los testimonios vertidos en el proceso dejan claro que la adjudicación del Metro estuvo marcada por la “presencia constante y activa de Valter Lavítola” y citó las declaraciones del entonces director de Impregilo, Massimo Ponzellini: “Lavítola nos hizo entender que el presidente Martinelli pretendía un reconocimiento económico para adjudicar a Impregilo la licitación del Metro”.
Añadieron que después del “clamor mediático” que acompañó la ceremonia con motivo de la visita oficial de Berlusconi a Panamá en 2010, en el que prometió el hospital pediátrico de Veraguas, el acuerdo “se esfumó en el mismo momento en el que la licitación del Metro fue adjudicada al consorcio integrado por la española FCC y la brasileña Odebrecht”.
Al respecto, la Fiscalía de Nápoles ha abierto otro escenario corruptivo Panamá–Brasil, que tendría de nuevo como protagonistas a Lavítola y a Martinelli.
El entramado corruptivo entre Italia y Panamá, que tiene en común a Lavítola, está bajo la lupa judicial italiana desde hace más de cuatro años.
El proceso Finmeccanica, que juzga el desvío de más de $25 millones en coimas, cuyos destinatarios finales, a juicio de la Fiscalía, eran Martinelli y otros funcionarios de su gobierno, continuará el 24 de mayo.
Además, la Fiscalía ha cerrado las investigaciones relativas al supuesto desvío de más de $20 millones en coimas para Martinelli por las adjudicaciones de la construcción de las cárceles modulares por parte de la empresa Svemark, y otros $26 millones de sobreprecio en el contrato.