Texas suspende planes de arresto de inmigrantes ilegales

Por Esdras Amado López, Director de los Noticieros Así Se Informa

Los proyectos de Texas para detener a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos experimentaron nuevamente un contratiempo el miércoles, provocando incertidumbre a lo largo de la frontera y despertando la indignación de México durante un breve lapso debido a la entrada en vigor de la ley.

Una orden emitida por un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU suspendió temporalmente -una vez más- la ampliación estatal de Texas en materia de control fronterizo. Horas antes, la Corte Suprema de Estados Unidos había allanado el camino para una rigurosa legislación migratoria, brindando un triunfo al gobernador republicano Greg Abbott y motivando a legisladores republicanos en otros estados a impulsar medidas similares.

No obstante, en una decisión de 2-1, un panel de la corte de apelaciones prolongó la incertidumbre jurídica en torno a la ley de Texas, suspendiéndola nuevamente antes de los argumentos orales programados para el miércoles. No se sabía cuándo se tomaría la siguiente determinación.

Durante el breve período en que la ley estuvo vigente el martes, las autoridades de Texas no informaron sobre detenciones ni confirmaron su implementación activa. El sheriff Brad Coe, del condado de Kinney, aceptó los poderes de arresto pero subrayó que los agentes requerirían causa probable para efectuar arrestos.

La Corte Suprema no emitió un veredicto sobre el fondo de la ley, devolviendo la impugnación al tribunal inferior de apelaciones, encabezado por el Departamento de Justicia, que argumenta que Texas excede la autoridad de inmigración del gobierno federal.

La última orden del tribunal de apelaciones reinstauró una orden judicial dictada en febrero por el juez de distrito estadounidense David Ezra, quien cuestionó la ley en múltiples aspectos y advirtió sobre posibles interferencias en las relaciones exteriores de Estados Unidos. Según la legislación de Texas, los acusados por ingreso ilegal pueden aceptar una orden de salida o enfrentar un proceso judicial. Sin embargo, México se opuso a esta medida, reafirmando su derecho a proteger a sus ciudadanos en Estados Unidos y a determinar sus propias políticas de ingreso a su territorio.

El vaivén legal en la frontera continúa, dejando a las autoridades y a los ciudadanos en un estado de incertidumbre respecto al futuro de la aplicación de la ley y las implicaciones en las relaciones internacionales entre Estados Unidos y México.

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