El Presidente Porfirio Lobo Sosa, aclaró este miércoles, que la revisión de las exoneraciones fiscales que realizará por 60 días una comisión integrada por el Gobierno (Ejecutivo y Legislativo), la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), sociedad civil, iglesias y otros gremios, no es para quitarle ese privilegio a nadie, sino para verificar si existen abusos en esa prebenda que el Estado otorga a empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, otras asociaciones civiles, cuerpo diplomático y organismos internacionales.
Explicó que el papel de la comisión, será revisar cada una de las exoneraciones y en el término de dos meses, hará una propuesta al Congreso Nacional, sobre una Ley Marco de las Exoneraciones e Incentivos Fiscales. “No debe de preocuparse nadie. La preocupación debe de ser de aquellos que ese privilegio, no lo traducen en incentivos que generen beneficios para el pueblo hondureño”, expresó.
Afirmó que el Gobierno no ha podido contabilizar el nivel real que en exoneraciones que se otorgan a diferentes sectores mediante unos 120 decretos, por lo que tendrán que brindar toda la información solicitada a esa delegación y de conocimiento de la población, a fin de que se constate si esos privilegios son utilizados para los fines que fueron otorgados.
Manifestó que el Estado mantiene compromisos internacionales y nacionales, a través de tratados que se tendrán que respetar, pero que la comisión revisará si existen abusos.
“Si hay alguien que ha recibido un beneficio del Estado y lo hizo con datos falsos o usando artimañas que se dan en la administración pública, tienen que devolverlo, y no creo que le quiten la responsabilidad civil y penal que puedan tener”, advirtió el Mandatario hondureño.
“Las cifras son impresionantes se habla de 10 mil millones, de 20, 30 y 40 mil millones, aquí nadie tiene una cifra exacta, lo que sabemos es que hay una cantidad que va más allá de los seis mil millones que se dejan de pagar al Gobierno, por beneficios recibidos, así como más de 100 decretos que tendrán que condensarse en una Ley Marco de las Exoneraciones”, prosiguió.
Aseguró que no se cuarta la libertad de expresión al revisar las exoneraciones a empresarios de medios de comunicación.
Por otro lado, consultado en torno al pago de los servicios de una empresa que se encarga de la operación de las cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la capital, garantizó que están operando y que no se ha interrumpido ese servicio.
Referente al proyecto de decreto enviado recientemente al Congreso Nacional, que consiste en una reforma a la Ley de Seguridad Poblacional, conocida como Tasa de Seguridad, indicó que se busca destrabar los problemas de ejecución que no llega ni a 10 por ciento, al tiempo que apuntó que el problema ha sido de operatividad del comité técnico, ya que no ha podido ejecutar lo recaudado, a pesar de las ofertas de algunas instituciones bancarias de anticipar las cantidades anticipadamente, en base a proyección anual del ingreso.
Añadió que la Secretaría de Seguridad presentó el proyecto de las cámaras para que ese comité técnico lo apoyase, pero ha existido el inconveniente, al no desembolsar de los 900 millones de lempiras recaudados en 2012, 100 millones para que se salde la deuda a esa compañía que se encarga de proveer esos instrumentos de monitoreo.
“Mi propuesta es que si un operador de justicia pide apoyo al Comité Técnico de la Tasa de Seguridad y se lo niega, que la última decisión la tenga el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pues muchas veces no es que exista mala intención, sino que se desconoce el tema y la urgencia de la vida de la ciudadanía, no hay tiempo que esperar”, señaló Lobo Sosa.
Finalmente, apuntó que su Gobierno trabaja para mejorar los índices de seguridad. “Yo les dije que iba a trabajar en ese tema y que les iba a devolver la tranquilidad y si no me quitaba el nombre y las cosas han mejorado. Esto no es un tema de un gobierno, es un esfuerzo de todos”, acotó.
Las declaraciones fueron ofrecías al termino de un conversatorio donde se entregó al Mandatario la Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos.