El Presidente Porfirio Lobo Sosa, juramentó este jueves, en Casa Presidencial, a los integrantes de la Comisión Especial para el Análisis y Control de las Exenciones, Exoneraciones y Franquicias Aduaneras.
La instancia intersectorial fue creada al calor de la aprobación del decreto legislativo 220-2012 que suspende para efectos de revisión todas las exenciones, exoneraciones y franquicias aduaneras que otorga la secretaría de Finanzas, incluyendo las que estén pendientes de resolución, hasta por un término de 60 días calendario.
El ese sentido, el Mandatario argumentó que el Estado de Honduras ha venido otorgando durante muchos años beneficios y exoneraciones de tipo fiscal a diferentes empresas e instituciones privadas, así como a organizaciones sin fines de lucro con el propósito que el incentivo y el sacrificio que el pueblo hondureño hace, sea para estimular la inversión y que tenga un beneficio en lo económico y en lo social del país.
“Desafortunadamente, el monto de las exoneraciones es enorme, ya que según datos de los últimos seis años, se habla de 10 mil millones de lempiras anuales, pero hay otras cifras que indican que se trata de 23 mil millones de lempiras al año, o sea que el Estado en los últimos seis años, podría haber sacrificado 138 mil millones de lempiras”, expresó.
Por consiguiente, agradeció al Congreso Nacional por haber aprobado este decreto que establece que todos los interesados en solicitudes de exenciones, exoneraciones y franquicias aduaneras deberán abocarse de manera inmediata y obligatoria a la comisión especial con la documentación de respaldo y en el caso de no comparecer, automáticamente se entenderá que no cumplen con la finalidad para el cual fueron otorgadas.
Lobo Sosa agradeció también a los miembros que aceptaron conformar la comisión que quedó integrada por el asesor jurídico del Instituto Nacional Agrario (INA), Marco Ramiro Lobo, en representación del gobierno quien la preside; el diputado, Claudio Roberto Perdomo Interiano, en representación del Congreso Nacional; la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Miriam Estela Guzmán y el alcalde de Teupasenti Nery Conrado Cerrato en representación de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).
Asimismo, a los representante de la Iglesia Católica, padre Carlo Magno Núñez; de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Alberto Solórzano; del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Mauricio Díaz Burdett; de la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), Arnaldo Bueso; del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Guillermo Matamoros; del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (COHDESSE), Amanda Cruz Meléndez; de las centrales obreras, Miguel Aguilar; de las organizaciones campesinas, Pedro Guevara y de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), Lizardo Reyes Puerto.
“Ustedes verificarán si el objetivo se ha cumplido, tenemos una innumerable cantidad de denuncias, que el manejo ha sido inapropiado de muchos, que ha servido para privilegiar a ciertos grupos en perjuicio de la generalidad”, indicó.
Finalmente, aclaró que no es que se están quitando exoneraciones, solamente se han suspendido por un período de 60 días mientras la comisión hace la revisión y análisis ya que lo que se pretende es que lo que pierde el Estado se pueda cubrir parte de la deuda interna lo que permitiría destinar recursos para los programas sociales como el Bono 10 Mil, la Merienda Escolar, zapatos y uniformes escolares, la canasta de alimentos para los adultos mayores así como para la infraestructura en proyectos con las municipalidades.