La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este martes dos recursos de inconstitucionalidad en contra del artículo 335-B, considerado como violatorio de la libertad de expresión.
Con lo anterior, el Congreso Nacional tiene un plazo de cinco días para entregar un informe a la Sala Constitucional.
El 335-B fue aprobado en febrero cuando se ratificaron las reformas al Código Penal en el Poder Legislativo.
La aprobación obtuvo 51 votos a favor de la bancada del Partido Nacional, Democracia Cristiana y los diputados independientes.
Las reformas penales también incluían la figura de terrorismo para quienes cometan actos vandálicos y el incremento de las penas para el delito de extorsión.
Asociaciones como el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) han expresado su indignación por el trasfondo que representa la implementación del 335-B.
Según los defensores de la libertad de expresión, el artículo representa una clara violación de las garantías constitucionales.
El 335-B fue discutido y aprobado luego que el diputado nacionalista Óscar Álvarez presentara la moción.
“Quien públicamente a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hicieren apología e incitación a actos de terrorismo (…) será sancionado con pena de cuatro años de prisión”, cita el párrafo.-LaTribuna.hn