La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas destacó las protestas sociales que se realizan en el país desde el 25 de abril, días después de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) develara una estructura de contrabando que implicaba a varios funcionarios de alto rango, cuyas operaciones defraudaban al Estado cerca de 320 mil dólares, unos Q2.5 millones de quetzales, a la semana.
En una publicación realizada en su página web, titulada “El despertar guatemalteco: la revuelta por la justicia y el cambio”, la agencia de Naciones Unidas también hizo referencia al segundo caso de corrupción develado por la CICIG un mes después, el del fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por Q116 millones de quetzales, que causó la muerte de varios pacientes que presuntamente no recibieron el tratamiento adecuado.
“La corrupción no es nueva pero ha crecido hasta alcanzar un nivel extraordinario, estamos cansados”, dijo un ingeniero entrevistado para la publicación.
“Si no nos expresamos, nadie más lo hará y todo continuará igual. Quizás estas protestas no cambien la realidad del país pero tenemos que demostrarles a todos, a Guatemala y el mundo, nuestra profunda insatisfacción” señaló su hija.
Lo que empezó como un movimiento pacífico organizado a través de las redes sociales, usando el hashtag #RenunciaYa, que involucró a diversos grupos de la capital, ha crecido para abarcar a gente de todo el país y sectores de la sociedad: familias, estudiantes, mujeres, indígenas, grupos de LGTB, niños, personas con discapacidad, adultos mayores, personas del área urbana y rural, quienes han estado protestando pacíficamente cada semana enfrente del Palacio Nacional, destacó la ONU.
Incluso guatemaltecos viviendo en el extranjero se han unido al descontento, añade la publicación.
Los manifestantes fueron más allá de un llamado para combatir con la corrupción, a exigir la renuncia de autoridades del gobierno y la restitución de fondos públicos. En un país en el que el 53 por ciento de la población vive en pobreza y uno de dos niños menor de cinco años sufre desnutrición, la gente quiere un uso transparente de los recursos del Estado para garantizar derechos básicos alimentación, salud y educación señaló la ONU.
Tres meses antes de las elecciones generales, el descontento hacia la clase política también es un recurrente tema en las protestas, se indicó en el texto.
Debido a las demandas ciudadanas, la presión pública y la cobertura mediática de casos de corrupción, varios ministros y funcionarios de alto rango, incluyendo la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, han renunciado.
Finalmente la agencia de la ONU indicó que su Oficina en Guatemala acompañada de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ha monitoreado las protestas, especialmente el ejercicio de la libre reunión y la libertad de expresión.
“Este es un momento decisivo para Guatemala. La población tiene la oportunidad de construir un proceso participativo e inclusivo para implementar las reformas que demandan, muchas de las cuales son recomendadas por el Alto Comisionado en sus reportes anuales” dijo Alberto Brunori, comisionado de la OACNUDH en Guatemala.
Aunque Guatemala enfrenta varios desafíos para satisfacer las demandas de los manifestantes, el espíritu de los guatemaltecos no es el mismo de hace dos meses. Un cambio ha comenzado, enfatizó la publicación de la ONU.