Honduras tiene décadas de aplicar una política fiscal regresiva que incluye exenciones y exoneraciones fiscales que no han logrado su cometido de lograr incentivar las inversiones y generar empleo.
Ante este panorama, el gobierno de Xiomara Castro anunció en las últimas semanas la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria que contempla la revisión de las exoneraciones y exenciones fiscales que, en promedio, llevan 25 años de aplicarse.
La misma busca justicia social, evitar mas abusos en el uso de regímenes tributarios, evitar ser un país de paraíso fiscal, el que más gana debe pagar más y el que menos gana debe pagar menos.
El Gobierno de Honduras expuso la socialización del proyecto de Ley de Justicia Tributaria con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Funcionarios del gobierno encabezados por el secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, y el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, presentaron a los empresarios los alcances de la reforma tributaria.
“Lo que se busca es que los que menos ganan paguen menos impuestos y los que más ganan que paguen más”, expresó Barquero, durante una rueda de prensa.
De su lado, el presidente del Cohep, Mateo Yibrín, dijo que este proyecto de ley “lo vamos a analizar profundamente y vamos a trasladar al gobierno de la República y al Congreso Nacional nuestras observaciones”.
“Agradecemos al Gobierno por compartir su propuesta de reforma fiscal y nos comprometemos a analizarla con rigor y responsabilidad”, dijo Yibrín.
El Gobierno pretender estas reformas de Ley de Justicia Tributaria que son dirigidas a evitar los abusos de los regímenes de exoneraciones e instaurar un sistema progresivo y justo, sin aumentar nuevos impuestos.
El Ministro de la SAR, Marlon Ochoa, mencionó que, “queremos detener los abusos en materia de exoneraciones, en segundo lugar sin crear impuestos que exista una mayor justicia tributaria. Que el más gane más pague y tercero es evitar que seamos declarados un paraíso fiscal”. Ochoa dijo que se debe profundizar la transparencia fiscal y permitir el acceso del SAR a información bancaria de las grandes empresas, intercambiar información.