Diecisiete muertos, entre ellos ocho menores, dejó la madrugada de este sábado una estampida en un club nocturno del oeste de Caracas, provocada por el lanzamiento de una bomba lacrimógena durante una pelea en una fiesta.
«Se originó una riña en horas de la madrugada y una de las personas involucradas en la riña lanzó un artificio lacrimógeno que originó la estampida de más de 500 personas que se encontraban en el club», explicó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, a la televisión estatal VTV.
Reverol señaló que el hecho dejó «el fallecimiento de 17 personas» y cinco heridos serios.
Hay ocho detenidos por el caso, incluido el presunto responsable de activar la bomba de gas. Reverol anunció inicialmente siete arrestos, pero en la tarde reportó en Twitter una nueva captura, la de un adolescente de 16 años vinculado con el «lanzamiento del artificio».
La encargada del establecimiento también fue arrestada por el incumplimiento de «las medidas que se deben adoptar (…) para evitar el ingreso de armas de fuego y municiones» a lugares públicos, según el funcionario.
De acuerdo con testigos citados por medios de comunicación locales, dos grupos de jóvenes se enfrentaron -incluso con botellas- a la salida de un baño y en el caos, después de la detonación de la bomba, la puerta de salida se cerró, dejando atrapadas a unas 50 personas.
Otros aseguran que todo comenzó «como un juego», con chicos pasándose entre bromas, de mano en mano, el artefacto.
Kleiver Berríos, de 17 años, fue una de las víctimas mortales en el club social conocido como Los Cotorros, ubicado en la urbanización de El Paraíso.
«Se llevó, escondido, mi cédula de identidad (para entrar al local pese a ser menor de edad). Cosas de chamos, pero… Es terrible. ¿Cómo un muchacho, en una fiesta, va a tener una bomba lacrimógena?», dijo a la AFP Luis, el padre del chico, en la morgue de Bello Monte, en el sur de Caracas.
A Kleiver le faltaba un año para graduarse de educación media y trabajaba junto a su padre en la carnicería de la familia.
– «Era un chamo bueno» –
El club, donde opera el restaurante El Paraíso, emblemático sitio de encuentro para la comunidad de emigrantes de Ecuador en Caracas, fue clausurado por las autoridades tras el suceso.
Viejos carteles de la campaña electoral del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, se observan en la fachada.
Jóvenes de distintos centros educativos celebraban su graduación del ciclo medio cuando ocurrió la tragedia, apuntó Reverol.
A la fiesta organizada bajo el nombre de «The Legacy», Kleiver, quien estudiaba el cuarto de los cinco años de bachillerato, había acudido invitado por amigos.
«Era un chamo bueno. Le gustaban los deportes, el basquetbol, el béisbol», lamenta su padre, quien recibió la noticia con una llamada telefónica a las tres de la madrugada. Se encontraba por trabajo fuera de Caracas, en el agropecuario estado Barinas, a unos 500 km de la capital.
Las muertes se debieron a asfixia y politraumatismos, según informes policiales.
Los lesionados son atendidos en el Hospital Pérez Carreño, en la zona donde se produjo el suceso, y Reverol advirtió que uno está en condición crítica.
– Lacrimógenas en la calle –
En el último año se han registrado varios incidentes con gases lacrimógenos en Venezuela, que no habían dejado víctimas.
Tres bombas lacrimógenas estallaron en febrero pasado en estaciones del metro de Caracas, en lo que autoridades calificaron como un «sabotaje» para generar «zozobra».
El 19 de febrero explotó una en la estación de Capuchinos, en el oeste de la ciudad. Otra más fue lanzada en Petare, enorme barriada popular del este de Caracas.
En los días previos otra detonó en Plaza Venezuela, punto de enlace de las principales líneas del estatal servicio de transporte subterráneo, que moviliza diariamente unos dos millones de usuarios.
Sedes de medios como El Nacional, el diario de línea oposita más importante del país, también han sido víctimas de ataques con lacrimógenas, instrumentos de estricto uso policial y militar.
Según versiones de prensa, muchos de esos artefactos y armas van a parar a manos de civiles por robos y por corrupción de policías y militares, y son usados con frecuencia por delincuentes.
«El Estado es responsable del desarme y del control de armas y municiones», subrayó al lamentar el suceso la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.-AFP