Dictan Prisión Preventiva por corrupción en el IHSS

Auto de Formal Procesamiento y Prisión Preventiva logró la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) tras concluir una audiencia inicial en contra de Mario Roberto Zelaya Rojas y Roberto Alejandro Bandes Atuán implicados en un nuevo caso de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

A Zelaya Rojas se le sindican cuatro delitos de malversación de caudales públicos y cuatro delitos de violación de los deberes de los funcionarios, mientras que a Bandes Atúan un delito de lavado de activos y cuatro delitos de malversación de caudales públicos.

En esta línea de investigación judicializada, que también involucra a José Alberto Zelaya Guevara (prófugo de la justicia) por cuatro delitos de violación de los deberes de los funcionarios, el Ministerio Público logra develar cómo Roberto Alejandro Bandes Atuán, amigo de Mario Roberto Zelaya Rojas, en el 2013 se sumó al esquema de saqueo y blanqueo de capitales del IHSS, recibiendo Lps. 5,350,000.00 de tres empresas fachadas, fantasmas o de maletín y otros Lps. 4,291,000.00 de líneas de crédito extendidas a favor de una agencia de viajes.

Según se comprobó, Roberto Alejandro Bandes Atuán, valiéndose únicamente del hecho de ser allegado al exdirector del «Seguro Social», recibió cheques de las empresas fachadas SUMIMED, SARPER y COPROMED, fondos que utilizó para incrementar su capital. En el caso de tour operadora Destinos de Éxito, el encausado compró una gran cantidad de pasajes aéreos a Mario Roberto Zelaya Rojas, su familia, funcionarios de esa institución y personas particulares.

Cabe mencionar, que órdenes para que se emitieran irregularmente estos pagos salieron de los despachos de la dirección general del IHSS y del departamento de Compras, Materiales y Suministros.

Todo ello, la UNAF lo acreditó con prueba técnica ante un juez anticorrupción.

En total, mediante la suscripción de falsos contratos de prestación de bienes y servicios entre el IHSS y empresas fachadas, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal del MP registró y documentó la sustracción de casi 300 millones de lempiras de las arcas estatales, mecanismos ilícitos por los que ya guardan prisión y han sido condenados decenas de personas.

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