La Procuraduría General de la República presentó una demanda contra el ex presidente Manuel Zelaya en la cual piden a las autoridades que condenen al señalado.
De acuerdo con la demanda, el 10 de enero del 2008, Zelaya cometió delitos administrativos que desencadenaron en millonarias pérdidas para el Estado de Honduras.
Por lo anterior, el demandante peticiona a la autoridad competente que el demandado sea condenado por el ilícito cometido.
Sobre el tema, diputados del Congreso Nacional han coincidido en sus criterios en defensa de la máxima que sostiene que nadie está por encima de la Ley.
“Este es un precedente para que los funcionarios públicos cuando tomen decisiones estén claros de que no pueden estar tomando decisiones contrarias a la Ley”, dijo la parlamentaria Doris Gutiérrez.
“Todos estamos debajo de la ley” manifestó el diputado del Partido Anticorrupción (PAC), Aníbal Cálix.
El legislador Eduardo Coto aseguró que “la Ley es como una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de todos los ciudadanos”.
Por su parte el congresista Rodimiro Mejía expresó que la ley es clara al momento de tipificar los delitos que administrativamente pudiese haber cometido un funcionario del Estado.