Los diputados del Congreso Nacional aprobaron a puerta cerrada las reformas al Código Penal del país.
Con estas reformas ya queda establecido que se podrá aplicar Cadena Perpetua contra todos aquellos asesinos de quienes trabajan en la justicia de Honduras, antes la pena máxima interpuesta era de hasta 40 años de reclusión.
Se estableció que la pena, de prisión de por vida, se aplicará para todos aquellos que provoquen la muerte a: el presidente de Honduras, el presidente del Congreso Nacional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad o sus familiares.
Además, para quienes asesinen a diputados, fiscales, jueces, magistrados, policías, militares, testigos protegidos o al director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
En el periodo de 1998-2002 en el Congreso de Rafael Pineda Ponce se aprobó la cadena perpetua para aquellos que cometieran el delito de secuestro agravado y asesinatos.
En caso de que los funcionarios sean objeto de amenaza sobre el ejercicio de su cargo, los imputados serán condenados por más de 20 años.