El Congreso Móvil que se celebra este miércoles en la ciudad de Gracias, Lempira, aprobó con dispensa de dos debates, solicitada por el presidente de la Cámara Legislativa, Mauricio Oliva, una reforma a la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial, especialmente para crear los jueces especiales con jurisdicción nacional para conocer los casos de corrupción y extorsión.
La iniciativa presentada por el Poder Judicial, está orientada a reformar los artículos 1, 2 numeral 1, 3, 6 y 12 del decreto 247-2010, contentivo en la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional en materia penal.
Las reformas tienen que ver con reformas al artículo dos de esa ley para que se agreguen una lista de delitos para el conocimiento de los distintos órganos de justicia.
La reforma al artículo 3 tiene que ver con la creación de los juzgados y la reforma al artículo seis numeral uno, enfocado en la competencia objetiva de los órganos jurisdiccionales y también una proposición al artículo 12 para que los juzgados conozcan los delitos principales y delitos adheridos a los mismos.
Entre los delitos que contempla la ley están el abuso de autoridad, fraude, cohecho, soborno, falsificación de documentos, entre otros, y se agrega el delito de extorsión.
Estos juzgados tienen la competencia de conocer cualquier caso relacionado a la corrupción y la extorsión en el país y se ha determinado instalarlos en regiones geográficas estratégicas de Honduras.
Para la operación de estos órganos se creará la estructura correspondiente en los niveles de los juzgados de letras, tribunales de sentencia y cortes de apelación.
Preliminarmente, la Corte Suprema de Justicia, ha determinado crear dos juzgados contra la corrupción y tres antiextorsión.
Los juzgados nacionales en materia de corrupción funcionarán en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Los jueces sampedranos manejarán y resolverán los casos ocurridos en los departamentos de Atlántida, Colón, Copán, Cortés, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Santa Bárbara. También incluye el municipio de Olanchito, Yoro.
Mientras tanto, los juzgados capitalinos se concentrarán en los departamentos restantes, como Francisco Morazán, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, La Paz y Yoro.
Los órganos en materia de corrupción conocerán delitos contra la administración pública, tales como abuso de autoridades, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y otros relacionados.
Por su parte, los juzgados de letras en materia antiextorsión se instalarán en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.
A La Ceiba llegarán los casos ocurridos en los departamentos de Atlántida, Islas de la Bahía, Gracias a Dios, Colón y el caso particular del municipio de Olanchito, Yoro.
A San Pedro Sula le corresponde abarcar Cortés, Copán, Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara y Yoro (a excepción de Olanchito, cubierto por el juzgado de La Ceiba).
Entretanto, en Tegucigalpa se resolverán el resto de departamentos, como Francisco Morarán, Intibucá, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, La Paz y Olancho.