En medio de un emotivo rescate de un mono cara blanca, especie en peligro de extinción, por parte del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Policía Nacional de Honduras, surge una perturbadora paradoja que involucra a la familia presidencial y arroja luz sobre posibles delitos ambientales.
El rescate, llevado a cabo en una operación conjunta en La Ceiba, destacó el compromiso de las autoridades con la protección de la fauna silvestre amenazada. Sin embargo, la contradicción surgió cuando Héctor Zelaya, hijo y secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, publicó un video desde el interior de su vivienda donde se observa a un mono cara blanca, el mismo tipo de primate recientemente rescatado.
El video muestra a Héctor Zelaya, el asesor presidencial Manuel Zelaya, los nietos y la nuera de la presidenta, todos interactuando con el mono, cuyo comportamiento agresivo no pasa desapercibido. La presencia impune del primate en la residencia de la familia presidencial plantea serias preguntas sobre el respeto por la fauna silvestre y la coherencia entre la retórica oficial y las acciones concretas en materia de conservación.
A pesar de la campaña del ICF para preservar la vida silvestre, la familia presidencial parece desafiar las normas al mantener al mono cara blanca en su hogar. Esta situación no solo evidencia una posible falta de respeto por las leyes ambientales, sino que también plantea la pregunta sobre la responsabilidad del gobierno en la conservación de la biodiversidad.
Las autoridades han hecho un llamado constante a la ciudadanía para denunciar actividades ilegales relacionadas con la tenencia y comercio de animales silvestres. Sin embargo, la aparente impunidad con la que la familia presidencial mantiene al mono en su casa sugiere un doble estándar y deja en entredicho la seriedad del gobierno en la lucha contra el tráfico ilegal de especies.
Este episodio plantea la necesidad de una investigación exhaustiva sobre la situación del mono cara blanca en la residencia de la familia presidencial y destaca la importancia de aplicar la ley de manera equitativa, sin importar la posición o el poder político de los involucrados. La coherencia y la transparencia son esenciales para mantener la confianza pública y asegurar que las acciones gubernamentales estén alineadas con los principios de conservación y respeto por la vida silvestre.