El presidente de Honduras está invitando a empresas extranjeras a crear un nuevo Estado en el territorio hondureño. El ha prometido inversión en el rubro minero, privatización y duras medidas contra la delincuencia. Honduras, es uno de los países más pobres de Centro América y ha enfrentado numerosos y fuertes conflictos, en los últimos años.
A inicios de febrero un grupo de surcoreanos llegó al Departamento de Choluteca en el sur de Honduras. La promesa es que este grupo -que representa el grupo de acero gigante Posco- realizará un estudio para invertir aproximadamente 26 millones de coronas ( entre 3.5 y 4 millones de USD doláres ) y construirá una ciudad libre del control del sistema judicial y administrativo hondureño – una ”ciudad modelo”.
La construcción de este nuevo “Estado” es controvertida y desde hace años viene encontrando fuerte resistencia, especialmente de la sociedad civil hondureña pero también de la Corte Suprema y varios partidos políticos. Es hasta ahora justo después que Hernández tomara posesión de su cargo el 27 de enero de 2014, que la idea se ha materializado. Como uno de los más fuertes impulsores y promotores del proyecto, es quien tan solo unos días después de ser nombrado presidente, le ha dado luz verde a los empresarios surcoreanos.
Fue Juan Orlando quien propuso por primera vez las ”cuidades modelos” para darles oportunidad a empresas extranjeras de crear sus propias áreas en donde pueden extraer minerales, energía y otras cosas sin tener que pagar impuestos o compensación alguna para los Estados o para la gente que posee la tierra. “él quiere vender todo el país y nos hipotecará a nosotros mismos hasta las orejas” dice Bertha Cáceres, dirigente del movimiento indígena COPINH y quien ha sido perseguida por el gobierno, por oponerse a la construcción de un embalse en el norte de Honduras. Cáceres apunta, pronto seremos como el Canal de Panamá.
Fue así que en enero de 2011 y bajo el liderazgo de Hernández en el parlamento hondureño, una gran mayoría de diputados votó en favor de una enmienda constitucional para crear áreas con privilegios especiales, de hasta 33 kilómetros cuadrados de territorio hondureño. Entre esos privilegios se encuentran, propio sistema de recaudación de impuestos, propia judicatura y propias fuerzas policiales, lo que implica que dichas áreas quedarán exentas de la aplicación de las leyes hondureñas. La pregunta es pues, si quedará algo de Honduras en sentido estricto.
En octubre de 2012, 13 de los 15 magistrados de la Corte Suprema declararon que la enmienda era inconstitucional. La decisión judicial fue abiertamente criticada no solo por el parlamento, con Hernández a la cabeza, sino también por el presidente Lobo. Unos meses después cuatro magistrados fueron destituídos por el Parlamento en completa violación a la Constitución hondureña. Con cuatro nuevos magistrados electos por el Parlamento, la Corte Suprema dejó sin valor la decisión anterior que declaraba inconstitucional las “ciudades modelos”.
El conflicto entre el Presidente y el Parlamento, por un lado, y la Corte Suprema, por el otro, muestra que la crisis institucional en que se sumergió Honduras, desde que el Parlamento con el apoyo de la Corte Suprema y los militares, ejecutaran el golpe de Estado, contra el depuesto presidente en el 2009, todavía está en curso. El hecho de que el Partido Nacional, con el apoyo del Partido Liberal, ha tomado el control de todo el aparato estatal, en términos simples significa que ellos pueden hacer lo que ellos quieren.
Las “ciudades modelos” ya lo muestran. Precisamente antes de salir del Parlamento él mismo dejó allanado el camino hacia la privatización de las empresas estatales de telefonía y electricidad. También abrió el camino para la inversión minera extranjera, misma que era imposible al ser cancelada por Zelaya en el 2007.
La mayoría habla de que las confrontaciones continuarán, no solo en el aparato estatal sino también en todo el país. La oposición va a luchar contra las políticas económicas. Las ”ciudades modelos” y las inversiones mineras encontrarán resistencia entre las poblaciones indígenas y los más de 300, 000 campesinos sin tierra.