Tomado de elheraldo.hn
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya tiene en su poder la solicitud de extradición hecha por Estados Unidos contra seis oficiales de la Policía Nacional que fueron acusados de narcotráfico en una corte de Nueva York.
Una fuente gubernamental confió a EL HERALDO que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió el pedido de reclamo de Estados Unidos el pasado jueves y que en menos de 24 horas esta entidad lo remitió al Poder Judicial.
Ahora corresponde que el pleno de magistrados de la Corte nombre a uno de los integrantes de esa asamblea como juez natural que conocerá del caso.
Pero esta decisión podría dilatarse alrededor de dos semanas por el asueto que gozan en la actualidad el personal y las máximas autoridades de ese poder del Estado.
Sin embargo, cabe la posibilidad de que el presidente de la CSJ, Rolando Argueta, convoque de emergencia a un pleno para designar al juez que analizará la solicitud de extradición y que librará las órdenes de captura en contra de los seis uniformados.
Ayer, el pleno de magistrados sostuvo una reunión en las instalaciones de la CSJ con miembros de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) y erróneamente medios de comunicación informaron que en el encuentro se conocían las solicitudes de extradición de los policías.
Pero una fuente a lo interno de la Maccih confirmó que la reunión respondía a asuntos protocolarios para la presentación de un personal de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de un proyecto que colaborará con el Poder Judicial.
Encausados
Los acusados son los subcomisionados Mario Guillermo Mejía Vargas yCarlos José Zavala Velásquez, el comisario Víctor Oswaldo López Flores, los subcomisarios Ludwig Criss Zelaya Romero y Jorge Alfredo Cruz Chávez y el inspector Juan Manuel Ávila Meza.
De acuerdo con los informes de inteligencia de entes de seguridad de Estados Unidos, estos policías conspiraron para introducir cocaína en Estados Unidos.
La demanda fue entablada por la Fiscalía de esa ciudad en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Detalla que la conspiración habría sido grabada en un video por agentes encubiertos de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), quienes estuvieron presentes en una reunión realizada en 2014.
En el caso de Zelaya Romero, quien supuestamente ya salió del país, también fue acusado de usar y llevar ametralladoras y dispositivos destructivos.
De ser declarado culpable, Zelaya Romero enfrentará una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.
Mientras que Mejía Vargas, Ávila Meza, Zavala Velásquez, López Flores y Cruz Chávez podrían recibir una sentencia mínima de diez años de reclusión o la pena máxima de cadena perpetua.
El pasado 30 de junio, cuando se dio a conocer la acusación contra los uniformados, la Comisión Especial para la Depuración Policial informó en el comunicado número 13 que el subcomisionado Zavala Velásquez había sido cancelado desde el 18 de mayo de este año.
En el mismo documento se instruyó al secretario de Seguridad, Julián Pacheco, para que el resto de policías acusados por Estados Unidos fueran cancelados de forma inmediata.
La reacción
Tras conocer su pedido de extradición, el subcomisionado Zavala Velásquez aseguró en entrevista que “yo en todo momento he estado en la disponibilidad para que esta situación se esclarezca, ya que está de por medio mi honor, mi carrera policial, mi dignidad, el nombre de mi familia”.
Indicó que su disposición ha sido también expresada a los miembros de la Comisión Especial de Depuración.
Informó que personalmente acudió a la embajada de Estados Unidos en Honduras para ponerse en contacto con las autoridades de ese país, por lo que indicó que “no tienen que andarme buscando con patrullas o policías militares”.
Dijo además que, tras la presentación de la demanda, ha buscado documentos que acrediten su inocencia y apuntó que “voy a limpiar mi nombre y el nombre de mi familia, estoy plenamente seguro de mi inocencia”.
Reconoció el pleno derecho de las autoridades de Estados Unidos para practicar la investigación, pero dijo que “yo también tengo mi derecho de presentar el documento que acredite mi inocencia”.
Señaló que “hubo un malentendido para presentar esa acusación”, porque él ya había manifestado que no huirá del país y que enfrentará a la justicia de Estados Unidos.
Zavala expresó también que teme por su vida porque “yo he tocado intereses muy grandes, he luchado contra este flagelo (narcotráfico)”.
Al mismo tiempo Zavala se acreditó la investigación de los carteles del norte y el decomiso de armas.