La Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio a conocer, el mediodía de este lunes, el protocolo de selección y nombramiento de jueces de lo penal con competencia en materia de corrupción.
El proceso de selección y nombramiento de jueces, juezas, magistrados y magistradas de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción adoptará la modalidad de Concurso Público y comprenderá las etapas: convocatoria, inscripción de postulantes, admisión de carpetas de postulación e identificación de postulantes, selección de candidatos o candidatas elegibles y nombramiento de los candidatos seleccionados.
El procedimiento de selección de candidatos elegibles estará a cargo de una comisión que deberá integrarse con miembros propietarios (magistrados de la Sala de lo Penal, magistrado de la Sala de lo Laboral y un representante de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras).
En tanto los miembros suplentes serán un magistrado de la Sala de lo Penal, uno de la Sala de lo Laboral, un oficial de Transparencia del Poder Judicial y otro de la MACCIH.
Asimismo, un representante de sociedad civil y un secretario nombrado por la CSJ. Una vez integrada la Comisión, ésta procederá a reunirse en un plazo no mayor a diez días hábiles para definir su reglamento interno.
La Comisión cumplirá sus funciones con absoluta independencia, apoliticidad, objetividad e imparcialidad; tomará sus decisiones por unanimidad; y llevará los registros que sean necesarios para el control de sus actividades.
Convocatoria
La Comisión hará saber a toda la población hondureña que la Presidencia del Poder Judicial está sometiendo a Concurso Público las plazas de Juez o Jueza de Letras, Juez o Jueza de Sentencia y/o Magistrado o Magistrada de Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.
Esta convocatoria se publicará en la página web del Poder Judicial y será difundida por cualquier medio de comunicación que se estimare conveniente.
El procedimiento de selección de candidatos elegibles se desarrollará mediante: análisis curricular y de antecedentes de conducta laboral y personal; evaluación de conocimientos jurídicos; entrevista y pruebas de confianza.