Tomado del Nuevo Herald
Miles de personas paralizaron el viernes Tegucigalpa y entregaron una carta en la sede de las Naciones Unidas en el país, en la cual solicitaron la llegada de una comisión internacional contra la impunidad que investigue los escandalosos casos de corrupción relacionados con funcionarios públicos dados a conocer en los últimos días.
«El pueblo hondureño está despertando del letargo en el que le han tenido; ahora tenemos la voz de mando. Esto sólo es el principio», dijo Gabriela Blen, una de las organizadoras de la protesta. «Queremos que se instale la comisión internacional contra la impunidad».
La marcha, que comenzó frente al Hospital Escuela de la capital y recorrió varios kilómetros, fue convocada a través de las redes sociales por un movimiento de jóvenes denominado #oposicionindignada. Se cantó el himno nacional y se portaron antorchas y banderas del país, pero no de partidos políticos.
Lo que detonó esta manifestación, que se llevó a cabo tras decenas de protestas similares en la mayoría de las ciudades del país durante la última semana y antes de convocatorias que se anuncian para los próximos días, son las denuncias de fraude por más de 100 millones de dólares al sistema de seguridad social de Honduras por parte de empresas que también habrían financiado la campaña del Partido Nacional que llevó a Juan Orlando Hernández a la presidencia del país.
Hernández afirmó en un mensaje televisado que él no tiene «nada que ver con la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social».
En dicha financiación ilegal del partido están implicados Ricardo Álvarez, su actual vicepresidente; Hilda Hernández, ministra de Estrategia y Comunicaciones y hermana del presidente; Oscar Álvarez, jefe de la bancada del partido, y Yolani Batres, ministra de Salud.
La multitud coreó consignas como «¡Fuera JOH!», en alusión a las siglas del nombre del mandatario; «indiferentes y callados, ¡nunca más!» y «¡estamos hartos de la corrupción!… ¡basta ya!».
«Tenemos un presidente corrupto y mentiroso», aseguró Azalia Sierra, estudiante de 17 años. «Aquí hay muchos corruptos y corruptores».
George Colindres, uno de los organizadores, declaró que el grupo es independiente y no tiene nada que ver con los políticos «porque la corrupción nos afecta a todos».
«Estamos hartos de tantos sinvergüenzas en el gobierno», afirmó Ernesto Pineda, fundador del Grupo Juvenil Honduras. «Y, por eso, hay que sacarlos de sus puestos».
Las protestas se han estado desarrollando de manera pacífica y sin presencia policial visible. La instalación de una comisión internacional como la que piden los manifestantes sólo puede suceder si el gobierno se la solicita a la ONU, pero éste no ha dado ningún indicio de querer avanzar en esa dirección.
Los detalles sobre el desfalco al Seguro Social fueron difundidos el viernes en la madrugada por Mario Pérez, diputado del Partido Nacional que encabezó la comisión de investigación formada por 13 legisladores de todos los partidos representados en el Congreso. Durante la lectura del informe, Pérez afirmó que los políticos señalados en el escándalo han declarado ante las autoridades, pero hasta el momento la justicia no ha tomado ninguna medida, y exigió que el Partido Nacional devuelva el dinero.
Pérez señaló que el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) también prestó declaración sobre su conocimiento de los hechos en julio de 2014, y el Ministerio Público no tomó ninguna medida al respecto.
Según el Ministerio Público, una red encabezada por Mario Zelaya, director del Instituto durante la presidencia de Lobo, desvió de manera fraudulenta una cifra que podría superar los 100 millones de dólares de los fondos destinados a comprar medicamentos, insumos para el sistema sanitario y pagar pensiones de vejez e invalidez.
Los detalles del fraude son escandalosos: se afirma que se suministraron medicamentos adulterados, se vaciaron las contribuciones de los trabajadores, se sobrevaloraron servicios hasta en un 400%, dejaron de ofrecerse productos médicos de primera necesidad y, con el dinero defraudado, además de financiar la campaña de Hernández, se compraron docenas de viviendas y vehículos de lujo en Estados Unidos, Honduras y Chile, y se pagaron viajes de placer y fiestas.
Zelaya espera juicio junto a dos ex viceministros, el de Salud y el de Trabajo, y 18 ex directivos del Instituto, todos miembros del Partido Nacional. Más de una docena de empresarios y funcionarios implicados en la trama aún se encuentran prófugos.
El informe de los legisladores criticó la actuación del Ministerio Público en varios escándalos de corrupción ocurridos en la última década en Honduras que implican a miembros del gobierno de Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009; a la empresa nacional de telecomunicaciones, al sistema de transporte público urbano y a la secretaría de Salud, Agricultura y Ganadería, entre otros. Ninguno de esos casos ha sido llevado a juicio.
En el documento también sostiene que el Ministerio Público no aclara los casos de corrupción «por negligencia, tardanza en aplicar la justicia e incapacidad».
El fiscal que dirigió la investigación del caso, Roberto Rodríguez Aldana, tuvo que abandonar el país hace una semana tras recibir amenazas de muerte contra su familia.
Un estudio presentado el jueves por el director para Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Hugo Noé Pino, ex ministro, ex embajador y exdirector del Banco Central del país, calcula que el costo de la corrupción en Honduras asciende al 10% del producto interno bruto y que consume dos terceras partes de los ingresos fiscales del estado de la segunda nación más pobre del continente después de Haití.
«La élite económica hondureña se comporta de manera extractiva en colusión con las autoridades políticas y eso lo permite la impunidad», afirmó.
Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional y una de las voces más respetadas del país, se mostró optimista: «genera esperanza que los jóvenes se estén involucrando en estas marchas. La clase política está descalificada para luchar contra la corrupción».
Honduras es una de las naciones donde se registran los índices de impunidad y violencia más altos del mundo. Hasta un 91% de los delitos cometidos en el país no son enjuiciados nunca, según el Ministerio Público, y presenta la tasa de homicidios más alta del planeta, de 86 por cada 100.000 habitantes, en cifras de la ONU.