Empresas y grupos económicos continúan sangrando las arcas del Estado de Honduras en medio de la muerte y miseria de la población a causa de la pandemia por Covid-19.
A las inhumanas exigencias de millones de dólares al gobierno y grandes movidas por parte de compañías de generación de energía térmica como Lufussa, concesionarias como EEH y empresas de telefonía móvil como Tigo y Claro, se suma Palmerola International Airport, demandando 51 millones de dólares.
Sin ejercer ningún tipo de contención a estos abusos, el gobierno y la oposición política coinciden en posturas permisivas ante esta situación, mientras permanece el clamor de un pueblo indefenso.