La vicepresidenta de la Eurocámara, Ulrike Lunacek, ha solicitado en una carta al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que apoye una investigación internacional sobre el asesinato de la ambientalista y líder indígena hondureña Berta Cáceres.
En la misiva, dada a conocer hoy, la también eurodiputada de Los Verdes celebra que el Gobierno de Honduras haya anunciado una investigación exhaustiva del caso, pero pidió además que apoye una pesquisa internacional independiente, «que la invite y que coopere plenamente con ella».
No es suficiente buscar a los autores materiales del atentado mortal. Hace falta establecer las responsabilidades en toda la cadena de mando y entablar líneas de investigación que tengan que ver con la naturaleza del trabajo de Berta Cáceres», recalcó.
Lunacek, que fue jefa de la misión de observación electoral enviada por la UE al país en 2013, dijo unirse a las personas que han «expresado públicamente su dolor y más contundente condena» por el asesinato de Cáceres, cofundadora y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
La vicepresidenta lamentó que el crimen de Cáceres fuera «anunciado», teniendo en cuenta que «desde hace más de dos décadas había llevado campañas pacíficas en contra de megaproyectos cuando no contaban con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos que viven en esas zonas».
Según dijo, en ese sentido Cáceres «no hizo sino implementar al pie de la letra» la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificada por el Gobierno de Honduras.
Recordó que, sólo una semana antes del crimen, Cáceres había denunciado en una rueda de prensa el asesinato de cuatro líderes indígenas, así como amenazas de muerte contra ella misma y otros defensores de derechos humanos.
Lunacek recordó que el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, condenó ayer en sesión plenaria el asesinato e insistió en que, junto a él, otros eurodiputados y organizaciones en Honduras, América Latina y Europa «instamos a las autoridades competentes en Honduras a implementar» las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «a la mayor brevedad».
La CIDH dictó esas medidas la pasada semana para proteger la vida de la familia de Cáceres y de Gustavo Castro Soto, activista mexicano herido en el ataque y único testigo del mismo.
Para la vicepresidenta parlamentaria, este caso es «emblemático en un país con altísimas cifras de homicidios e igualmente casi total impunidad».
«Sólo un esclarecimiento del crimen a todos los niveles y el castigo a todos los culpables pueden contribuir a restablecer la confianza en el sistema judicial del país», consideró.
Cáceres fue asesinada el pasado jueves en su casa en la occidental ciudad La Esperanza, al parecer por dos hombres que portaban armas de fuego.