Las primeras imputaciones por lavado de dinero a una red de saqueo de dinero del Estado, calculado por 65,3 millones de dólares, implicaron hoy directamente al expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
En el tercer día de la audiencia de primera declaración contra la estructura denominada «cooptación del Estado», el representante de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público, describió cómo los miembros de la red ocultaron el dinero que recibían de comisiones por contratos públicos.
Según la acusación, integrantes de la organización recibieron órdenes de Baldetti a través de su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón, y el contador de éste, Víctor Hernández.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el 10 por ciento que recibía esta red de comisión por los contratos que repartía habría amasado más de 500 millones de quetzales (65,3 millones de dólares).
El fiscal explicó que parte del dinero que se blanqueó en el Banco Nacional de Desarrollo Rural (Banrural), de capital público y privado, fue utilizado para adquirir el 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, propietaria del diario Siglo 21.
Uno de los empleados de Banrural, Juan Abner Fonseca Galicia, fue imputado por lavar al menos 20 millones de quetzales (2,6 millones de dólares) en esa institución para la compra de esas acciones.
Otro exdirectivo del banco, Fernando Peña, también utilizó la institución bancaria para lavar dinero para adquirir el 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, aunque el fiscal no precisó el monto.
Peña entregó 30,000 quetzales (3,900 dólares) para la campaña del Partido Patriota de Pérez Molina en 2011, apuntó.
Durante la audiencia se reprodujo una conversación telefónica entre Monzón y Salvador Estuardo González en la que discutían sobre la compra de Corporación de Noticias.
Ambos son colaboradores del Ministerio Público en la trama de corrupción conocida como «La Línea» desmantelada en abril del 2015, en la que también han sido acusados como cabecillas Pérez Molina y Baldetti.
Otra persona, Judith del Rosario Ruiz, fue imputada por haber administrado para Pérez Molina y Baldetti 200 millones de quetzales (26,14 millones de dólares) a través de una sociedad anónima.
En tanto que la exdiputada Daniela Beltranena, del Partido Patriota, según la imputación, administró 7 millones de quetzales (unos 915.000 dólares) y «fue una operadora» de la exvicepresidenta de Guatemala.
Por su parte, el empresario Jonathan Harry Chévez fue acusado de administrar para la red 25 millones de dólares.
El representante de la Feci explicó que las pruebas se derivan de archivos y testimonios que Monzón y Hernández dieron a la Fiscalía.
Las imputaciones que realiza la Feci comprometen a Pérez Molina y Baldetti como los cabecillas de la estructura criminal que recibía el 10 por ciento de las comisiones por los contratos que otorgó el Estado durante la administración del exbinomio presidencial.
Hasta ahora, empero, todavía no se hace la imputación directa contra el expresidente y la ex vicepresidenta, detenidos el año pasado por la trama de corrupción denominada como «La Línea».