El ex Ministro de Industria y Comercio, Juan José Cruz, es del criterio que “las medidas fiscales deben ser graduales para no espantar a los empresarios y las mismas deben ser producto de un acuerdo, sin criminalizar a los contribuyentes”. Cruz también señala que “el problema es interno, dado el periodo de transición por el que pasa honduras”.
El economista Nelson Ávila sostiene que “lo que ocurre en Honduras no tiene comparación, el Partido Nacional demostró que se le fue la mano mas de lo que históricamente han robado”. El también analista político señala que “el Seguro Social es lo mas visible, pero falta que conocer lo que pasa en SOPTRAVI, IMPREMAH, INJUPEMP, SAG, INFOP y otras instituciones que han sido saqueadas, y para sanear el problema, no basta con la renuncia de los involucrados de sus cargos, habrá que formalizarles los juicios políticos y judiciales”.
Según el epidemiólogo German Maradiaga, el Río Choluteca es el mayor foco de contaminación en la Capital y las autoridades municipales deben embaularlo para convertirlo en una autopista que descongestione la capital y libre a la población de enfermedades. Maradiaga insiste en que “el control del Dengue y el Chikungunya depende de la población, porque aunque el gobierno tiene obligaciones también la población debe observar todas las recomendaciones de aseo, lo cual, al final es lo que impacta para que se registren muchos casos”.
Los derechohabientes que a diario acuden al Seguro Social en demanda de atención, hacen largas filas para lograr que los atiendan en emergencia porque, además de no haber médicos, cuando logran consulta se encuentran siempre con la respuesta “no tenemos medicina” y reciben solo las recetas para comprar los medicamentos en las farmacias privadas, tanto de Comayagüela como de Tegucigalpa. Esto lo denuncian varios derechohabientes que continúan padeciendo de las pésimas circunstancias en las que se encuentra el centro hospitalario.
La Asociación para la Defensa de los Consumidores de la Canasta Básica anuncia que interpondrán una demanda en contra de la Comisión Administradora del Petróleo (CAP). Lo anterior se debe a lo que consideran abusos cometidos por la CAP en el ajuste de combustible que actualmente golpea a los consumidores a través de la factura eléctrica.
