PRONUNCIAMIENTO
Ante la déspota resolución que por unanimidad tomaron los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de celebrar un nuevo juicio en el caso «Caja chica de la dama», como Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) externamos a la ciudadanía y a la comunidad internacional que este triste episodio que sacude negativamente a la realidad hondureña es la clara expresión que el Pacto de Impunidad denunciado por esta instancia de sociedad civil, ha tomado vigor después de la expulsión de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la desarticulación de Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), por lo que nos referimos en los siguientes términos:
1. Que por primera vez en Honduras se aplicó justicia con todo el peso de la ley a una exprimera dama y su exsecretario privado, donde se evidenciaron actos al margen de la ley con respaldos probatorios suficientes, pero que al tenor de la alineación de los astros de la oscuridad y en un momento que existe una histeria colectiva por la pandemia del Coronavirus, la Sala Penal decidióa nular el juicio que la encontró culpable por los delitos de apropiación indebida y ocho fraudes que dejaron como resultado una reclusión de 58 años.
2. Que esta acción con la cual los magistrados se «lavan las manos» de la epidemia de la corrupción, demuestra que los corruptos ajusticiaron el Estado de derecho y asfixiaron la deficiente democracia para imponer una época llena de injusticias, ilegalidades, compadrazgo, despotismo y totalitarismo.
3. Insistimos que desde el Estado se han venido desarrollando diferentes maniobras a fin de terminar de una vez por todas con el combate a la corrupción, por lo que esta resolución denota un claro retroceso y un zarpazo a la lucha ciudadana por la justicia, la transparencia y la honestidad.
4. Que este lamentable precedente muestra el camino que se tomará con los casos de corrupción denunciados y judicializados por la Ufecic con acompañamiento de la Maccih como artilugio para atacar y obstaculizar el trabajo de las instituciones que combatimos frontalmente a los corruptos.
5. Finalmente, consideramos inaudito que un magistrado vinculado a actos de corrupción en el caso del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) sea parte de quienes estén adoptando una resolución inscrita en la impunidad en aparente allanamiento de su propio escenario, si es que algún día es sometido a la justicia. #SinJusticiaNoHayDemocracia