Tomado de revistamym.com
Los empresarios recienten el impacto de las reformas tributarias y temen los alcances de decisiones gubernamentales en referencia a un nuevo código tributario, así como el veto presidencial a exoneraciones del ISR
Operar en un país que tiene una de las cargas tributarias más pesada en Centroamérica está pasando la factura a las Pequeñas y Medianas Empresas hondureñas (Pymes).
“Nuestras Pymes están sufriendo, al igual que toda la empresa privada formal está sufriendo de la excesiva carga tributaria que hay en Honduras”, dijo Guy de Pierrefeu, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), quien anhela un mecanismo que simplifique la forma de horrar los tributos al Estado.
De Pierrefeu, al igual que otros empresarios y emprendedores hondureños recienten la pesada carga tributaria que hay en Honduras, una de las más altas de la región Centroamericana. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) detalla que la más alta de Centroamérica con 22.4%. En segundo lugar está Nicaragua con 19.9%, seguido por Panamá, 18.9%. El organismo registra en los puestos más bajos a los vecinos de El Salvador con 15.3% y a Guatemala 13%.
En cuanto a Honduras, el informe Análisis del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República 2016, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), refiere que la carga tributaria hondureña llegó en 2015 a 16.7% en relación al Producto Interno Bruto (PIB).
En 2007 la presión tributaria nacional, fue de 16.4%, dos años después bajó a 14.2% para mantener esta tendencia hasta el 2013 con 14.8%. Ya en 2014, ésta subió a 16.3% al entrar en vigencia la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión.
“Hoy en día hay tantos impuestos diferentes y muchos de ellos le cuestan más dinero al entre recaudador de impuestos andarlos fiscalizando que lo que le reportan como ingreso, entonces no tiene sentido”, dijo Guy de Pierrefeu.
Para este año, la nueva meta tributaria fijada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) o del nuevo ente recaudador ahora supera los 80 mil millones de lempiras, en ese sentido, a criterio del economista del ICEFI, Hugo Noé Pino, la presión tributaria llegará este 2016 a 17% del PIB.
Un control a la evasión
Directivos de la CCIT reconocen que solo el 30 % de los empresarios pagan impuestos en Honduras. Con la entrada en vigor de la facturación electrónica en 2015, muchas micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) fueron orilladas a legalizar o formalizar sus negocios y según el
nuevo presidente de los empresarios capitalinos, estas no tienen problemas, pero las dificultades se presentan cuando venden a empresas que están fuera del esquema formal.
En ese punto, Martín Torres, coordinador de la Mesa de Promoción de Mercados del Consejo Nacional de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa (Conamipyme) detalla que son las empresas familiares, las del nivel micro que cuentan con entre 1 y 4 empleados, y que están estimadas alrededor de 500 mil microempresas a nivel nacional, las que están sufriendo.
El líder de los empresarios capitalinos coincide con Torres y expresa que quisiera que el ente recaudador de impuestos tuviera un mecanismo mucho más sencillo, que hubiese una simplificación tributaria que sea aplicable a las mipymes, porque en la actualidad a su criterio “la manera de actuar de este ente ha sido excesivamente violenta, muy coercitiva, y aunque capacita, no logra que los empresarios, particularmente los de categoría pequeño a micro, entren en el proceso de formalización y los lleven de la mano”.
Ambos dirigentes empresariales señalan que se debe entender que una empresa mediana o grande tiene el recurso humano necesario para poder cumplir con todo lo que exige la institución, pero las microempresas no tienen ese recurso humano. “Entonces como se les va a exigir cumplimiento de una legislación desde el día uno, cuando no tienen mano de obra calificada, y sin darles tiempo?”, cuestionó el presidente del CCIT.
Una nueva regulación
En diciembre pasado el presidente de la República, Juan Orlando Hernández anunció un nuevo código tributario que vendrá a regular las penas y los castigos. Su puesta en marcha está proyectada para el inicio del segundo semestre del año.
Pero el sector empresarial es tajante. “Tal y como está planteado ahorita, con este nuevo código tributario todo mundo sale perdiendo. Inclusive los diputados que lo aprueben, los gobernantes que están hoy en el poder, todos los ciudadanos, los empresarios, todo el mundo, porque si se aprueba tal y como está, prácticamente la persona que está en el poder tiene un poder casi absoluto sobre cualquier persona”, asegura De Pierrefeu, quien agregó que “pero estoy convencido de que no se aprobará tal como está”.
Directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) han expresado sus diferencias en cuanto a la propuesta del Ejecutivo y a principios de marzo recomendaron replantear las disposiciones del documento ya que consideran que este les hace responsable de una cantidad de cosas y les fiscalizan de una manera tan dramática.
No obstante, la directora de la DEI, Miriam Guzmán, ha enfatizado que no es así y “no es cierto que nos estemos convirtiendo en un ente confiscatorio”, dijo.
La funcionaria detalla que al igual que el actual código y el nuevo también contempla es el hecho de que cuando una deuda es firme, líquida y exigible el Estado tiene la facultad de poder ejecutar
ese título extrajudicial de deuda para recuperar los montos que el Estado ha dejado de percibir por aquel contribuyente negligente y que no ha pagado puntualmente.
Guzmán asegura no es cierto que este código no respeta el debido proceso, “me parece absurdo manifestar eso cuando repito es un Código que ha sido elaborado por expertos tributaristas a nivel mundial, el debido proceso es una garantía que nos asegura la misma Constitución de la República”.
El veto de la discordia
En medio de este sentir, los empresarios han alzado la voz luego que el gobierno vetó el decreto que modifica el artículo 22 de la Ley del ISR, en el que se propone eximir del pago de ese impuesto a los trabajadores que ganan menos de 15,087 lempiras.
La cúpula empresarial hondureña señala que ya existe una excesiva presión fiscal en el país y que esta ampliación de la base exenta permitiría beneficiar a la clase trabajadora con un mayor margen de recursos disponibles.
Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, (CCIC), es uno de los directivos empresariales que han criticado el veto del Ejecutivo, y lo define como un duro golpe a la clase trabajadora, que en los últimos cinco años lleva a cuestas nueva carga tributaria.