El pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá declinó ser competente para juzgar al expresidente Ricardo Martinelli, cuyo proceso continuará ahora ante el nuevo sistema penal acusatorio de la justicia ordinaria.
El Órgano Judicial informó en un comunicado que con una votación mayoritaria de siete a dos, el pleno concedió un amparo de garantías presentado a favor de Martinelli y que por tanto declinaba la competencia para juzgar al exgobernante en el caso que se le sigue por los delitos de inviolabilidad del secreto, contra la seguridad informática, peculado y derecho a la intimidad.
La defensa de Martinelli solicitaba con insistencia que su defendido fuera juzgado por la justicia ordinaria, debido a que ya no era parte del Parlamento Centroamericano, un organismo regional que concede fuero a los ex presidentes.
A Martinelli, de 66 años, se le acusa de haber ordenado presuntamente la interceptación de comunicaciones de al menos 150 personas y gastado millones de dólares en equipos de espionaje en los últimos años de su administración, que corrió de 2009 a 2014. Por la compra de esos equipos se le formuló el cargo de peculado. La Corte que fungió como fiscal dijo que los equipos fueron utilizados para “beneficio personal” del exgobernante.
El magnate de los supermercados, quien se encuentra encarcelado, fue extraditado de Estados Unidos en junio para que enfrentase a la justicia panameña y encararía una condena de 21 años de prisión en el caso de que fuera encontrado culpable.
En tanto, Luis Eduardo Camacho, un político allegado a Martinelli y quien interpuso el recurso resuelto por el pleno de la Corte, mostró satisfacción por la decisión del tribunal de declinar la competencia para juzgar al expresidente, pero cuestionó que el máximo tribunal no anulara la actuación del magistrado Mejía, quien actuando como juez de garantía ordenó la apertura de un juicio a Martinelli el próximo once de diciembre.
“Se corrige una ilegalidad, pero se mantiene por otro lado otra ilegalidad”, dijo. “Cómo puede la Corte justificar que un magistrado no lo puede juzgar, pero sí lo puede llamar a juicio”.
Por su parte la exdiputada Balbina Herrera, quien figura en los expedientes como una de las víctimas de espionaje, consideró que “lo rescatable de la decisión del pleno es que respeta las actuaciones del magistrado Mejía”.
“Lo importante es que nos vamos a un juicio legal y directo… La defensa se equivocó al suponer que el pleno de la Corte anularía lo actuado por el magistrado”, dijo.-AP