Nuevo Requerimiento Fiscal para exdirector de INVEST por Violación a los Deberes de los Funcionarios

En el trabajo coordinado entre la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se presentó hoy el segundo Requerimiento Fiscal contra Marco Bográn Corrales por el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios, por haber otorgado un contrato de supervisión a su tío Napoleón Bográn.

De acuerdo a las investigaciones, Bográn sin haber sometido a aprobación otorgó a la empresa CINSA (en donde su tío es socio propietario), la supervisión de una obra donde se construiría el plantel en Santa Rosa de Copánen el quefuncionaría el hospital móvil. El monto del contrato es de 1 millón doscientos mil lempiras (L1,200.000), dinero que fue pagado incluso a pesar de que la construcción no se ha concluido.

De acuerdo a la Ley de Contratación del Estado en su Artículo 15 numeral 6, no se puede contratar a parientes en el 4to grado de consanguinidad o segundo de afinidad, sin embargo, el exdirector de INVEST a pesar de la relación de parentesco, otorgó el 26 de marzo del presente año este contrato de supervisión a su tío.

Cabe destacar, que esta acción es otra más de las que se estarán ejerciendo en el marco de las investigaciones que el Ministerio Público tiene sobre los actos de corrupción cometidos en el marco de la pandemia Covid-19, y que llevan a la convicción de que es fundamental la prisión preventiva del acusado para que, conforme lo establece nuestra legislación penal, se evite el peligro de obstaculización de las mismas.

El Ministerio Público reitera a la población que, en el marco de su trabajo profesional, al contar con todos los elementos probatorios que sustenten un Requerimiento Fiscal científicamente bien elaborado y cuando se reciba la información solicitada por medio de la Asistencia Jurídica Internacional a cuatro países (en algunas de las líneas de investigación), estos serán presentados ante juez competente para deducir la responsabilidad a las personas imputadas.

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