La justicia hondureña negó a la diputada Sara Ismela Medina poder conciliar con la Procuraduría General de la República (PGR) en el denominado caso Pacto de Impunidad.
El fiscal del Ministerio Público y subdirector de UFECIC, Juan Carlos Griffin dijo que el juez natural decidió desestimar la homologación a favor de la diputada Medina, por lo que auto de formal procesamiento sigue firme y ahora pasa a la siguiente etapa.
Previo a la audiencia de este martes, la diputada Sara Medina había conciliado con la PGR tras el pago de 20 mil lempiras, de acuerdo a lo informado por las partes procesales.
El fiscal Griffin detalló que el artículo 19 de la Ley Orgánica de la PGR impone la obligación de acompañar un acuerdo de conciliación mediante un acuerdo Ejecutivo, sin embargo en la solicitud que se planteó en el Juzgado el procurador que presentó la misma no acompañó una designación de la Procuradora General de la República.
“La solicitud no fue aceptada. Ahora lo que sigue es la continuación del proceso. La resolución del juez está conforme a derecho y estamos satisfechos con la misma”, adicionó.
Contó que la defensa de la imputada intentó presentar un recurso de reposición y una apelación subsidiaria, pero ambas el juez los declaró sin lugar.
De su lado, la parlamentaria Sara Medina dijo que desde el momento que se presentó a la CSJ iba a respetar cualquier fallo independientemente si era favorable o no.
“Como hondureña es un derecho constitucional que tengo y es la primera vez en la historia que se le ha violentado a alguien un derecho constitucional como se me ha violentado a mí por un delito que no cometí”, externó.
La congresista de El Paraíso dijo que “yo firmé única y exclusivamente fue la ley sin saber que me iban a imputar otras cuestiones. Soy una mujer de tierra adentro y la gente me conoce, sabe quién es Sara Medina y si accedí a solicitar una conciliación es porque quería de una vez poner fin a este problema”.
Adelantó que agotará todas las vías legales que la ley le confiere, al tiempo que refirió su familia ha sufrido mucho por la situación legal que enfrenta.
Denunció que le violaron el derecho del recurso de reposición y el de apelación. “Creo que la Fiscalía en este caso se ha entrometido en algo que no le corresponde”.
Mencionó que el acuerdo firmado entre la PGR y la MACCIH detalla que los delitos que no pueden ser conciliados por considerarse de corrupción son: soborno, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, lavado de activos, encubrimiento y obstrucción de la justicia, no así el de falsificación de documentos que es el que se le imputa.
“Yo reúno todos los requisitos que la ley manda para poder conciliar, sin embargo no se me ha permitido. Siento que el Ministerio Público se ha ensañado conmigo”, puntualizó.
Relación de hechos
El caso de Pacto de Impunidad se originó el 11 de diciembre de 2017 cuando la UFECIC presento requerimiento fiscal contra cinco exdiputados en el caso denominado “Red de Diputados”.
El requerimiento señala que cuando se celebraba la audiencia inicial contra los cinco exdiputados, el Poder Legislativo modificó por adición la Ley de Presupuesto aprobada en decreto legislativo número 141-2017 publicado en el diario oficial La Gaceta el 19 de enero de 2018.
Dicha modificación incluyó disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados provocando la imposibilidad de comenzar las investigaciones contra funcionarios que habrían manejado fondos públicos mientras no culminaba la investigación por el Tribunal Superior de Cuentas en un plazo de tres años.
Ante la modificación el Poder Judicial, a través de los Tribunales en Materia de Corrupción, determinó archivar la denuncia argumentando que la acción no procedía con un enjuiciamiento debido a la nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de malversación de caudales públicos.
Tras la acción se produjeron varias denuncias públicas por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una fe de erratas el 25 de enero y publicada el 26 de enero en el diario oficial La Gaceta pretendiendo justificar que lo ocurrido fue producto de un simple “error” y no de un acto premeditado que provocó consecuencias jurídicas.
Sin embargo la MACCIH y UFECIC-MP consideran que la fe de erratas contiene modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso, por lo que el equipo integrado decidió formular un requerimiento fiscal.-Proceso.hn