Las autoridades mexicanas emitieron una orden de arresto contra el exdirector de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, en lo que parece ser hasta ahora la medida anticorrupción más ambiciosa del nuevo gobierno.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre prometiendo combatir la endémica corrupción pública sin enfocarse en exfuncionarios del gobierno, defendió el miércoles el caso diciendo que era la continuación de una investigación que comenzó bajo su predecesor, Enrique Peña Nieto.
“No hay persecución política”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina. “Son hechos, presuntos delitos, que se tienen que perseguir”.
El fiscal general Alejandro Gertz dijo el miércoles a la cadena Televisa que no se ha podido localizar al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, pero que existen pruebas contundentes en su contra. También a través de Televisa, el abogado personal de Lozoya, Javier Coello, insinuó que Peña Nieto sea llamado para interrogarlo.
Lozoya administró la campaña presidencial de Peña Nieto antes de dirigir Pemex de 2012 a 2016.
El caso contra Lozoya se enfoca en la venta en 2015 de una planta de fertilizantes por parte de la acerera Altos Hornos Mexicanos S.A. a Pemex por un precio que los auditores consideran inflado.
Según los investigadores, Lozoya parece haber recibido un pago importante por facilitar la compra a costa de los contribuyentes. Las autoridades congelaron sus cuentas.
Por otra parte, el presidente de Altos Hornos, Alonso Ancira, fue detenido en España el martes, aunque las cuentas de la acerera fueron descongeladas el miércoles para que la empresa, que tiene más de 20.000 trabajadores, pueda seguir operando.
Coello dijo en un comunicado el martes que presentó mociones judiciales apelando la congelación de cuentas y cualquier posible orden de arresto contra Lozoya. Un juez en Ciudad de México emitió el miércoles una suspensión provisional contra su arresto. En México generalmente se usan órdenes legales para evitar arrestos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dijo el lunes que “se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas” en las cuentas congeladas y que los fondos “se presumen ser derivados de actos de corrupción”.
Santiago Nieto, jefe de la unidad, dijo que el congelamiento de cuentas es el nuevo sello distintivo de la “nueva” secretaría de Hacienda. “La política del gobierno de México es cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”, dijo en Twitter.
Nieto fue un alto investigador anticorrupción durante el gobierno de Peña Nieto hasta que fue despedido abruptamente en 2017 en medio de una investigación sobre la administración de Lozoya como director de Pemex.
Nieto reabrió el caso en su nuevo puesto bajo el gobierno de López Obrador.
López Obrador manifestó apoyo a la investigación de Nieto, así como a las pesquisas contra otros funcionarios públicos que dan la apariencia de haber obrado irregularmente.
A funcionarios públicos como Nieto se les ha pedido “no tapar nada” ni “dar protección a nadie”, y que de inmediato presenten hallazgos sobre posibles malversaciones de fondos públicos ante la fiscalía general, dijo López Obrador.
El presidente agregó que la fiscalía general decidirá si amplía el caso o no para incluir a otros funcionarios públicos que aprobaron la compra del negocio de fertilizantes Fertinal por parte de Pemex. Incluyendo aumento de capital, dijo que Pemex invirtió casi 1.000 millones en una fábrica que prácticamente era una “chatarra” y que no estaba operable al momento de la compra.
Lozoya y Altos Hornos también han sido mencionados, pero no se les han presentado cargos, en escándalos de corrupción relacionados con el gigante brasileño de la construcción Odebrecht.
Lozoya ha negado antes haber recibido coimas de Odebrecht, mientras que Altos Hornos reconoció haber hecho un pago por servicios de 3,7 millones de dólares a una empresa que han sido identificada como una posible vía para que Odebrecht ocultara pagos ilícitos.
La llamada investigación Autolavado por pagos ilegales de parte de Odebrecht a funcionarios públicos ha desatado múltiples arrestos e imputaciones de cargos en países latinoamericanos en los últimos cinco años, pero nada en México.-AP