El presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva afirmo este miércoles que el Estado no debe retroceder ni un milímetro en las decisiones que se han tomado, en relación a las reformas penales porque las mismas las respalda la ciudadanía ante la situación que genera la delincuencia común y organizada.
En declaraciones a la cadena radial HRN, Oliva señaló que en el debate y aprobación de las reformas, la oposición tendrá la oportunidad de exponer sus razones para no apoyar la iniciativa, porque así es la democracia y que sea ahí en el pleno que esgriman y sustenten el motivo que los impulsa a oponerse radicalmente a la Ley de Fortalecimiento y Efectividad de la Policía de Seguridad..
Agregó que no quiere pensar que esa posición es de tipo político porque no les abona mucho, pero la actitud obstruccionista que desde el inicio del gobierno ha tomado sobre todo en temas tan sensibles como este, el partido Libertad y Refundación (Libre) no abona en nada a la democracia.
“Se los he dicho de la manera respetuosa, que hagamos el esfuerzo de dejar al margen los aspectos políticos electorales porque a final de cuentas no deja réditos, el delincuente organizado y criminal no le pregunta a la gente de qué color es su ideología y lo extorsiona, asesina, genera terror sin más causa que lograr dinero fácil”, argumento el titular del Legislativo.
En cuanto al proceso de elaboración de las reformas, indicó que las mismas se turnaron a una comisión especial que preside el diputado José Tomás Zambrano Molina, la que ha hecho un buen trabajo de estudio y consenso con distintos sectores de la sociedad y ayer se reunió con miembros del Consejo Nacional de Defensa y Defensa para explicar de forma detallada los motivos que llevaron a proponer las medidas e incluso se les ilustró con casos concretos.
Acotó que esos insumos han servido para que la comisión tenga en las próximas horas un dictamen favorable y de amplia receptividad en la mayoría de parlamentarios.
Al ser consultado del porqué la oposición a lo interno del Poder Legislativo está en contra de las reformas, señaló que serán esas fuerzas políticas las que tendrán la oportunidad de exponer sus razones porque de eso se trata la democracia y que en el pleno esgriman y sustenten el motivo que los impulsan para que de forma radical se opongan a las reformas.
Reiteró que queda claro que mediante las reformas no se criminaliza la protesta pública ni el uso de la fuerza pública, pero que todo tiene límite y en este proceso han estado cooperantes internacionales conocedores del tema y no cree que alguno de ellos, por cercanía ideológica permita que se causen disturbios en la vía pública y afectan la vida de las personas.
Agregó que en el país se ha llegado a un grado de intimidar a personas que propone la iglesia ante las autoridades competentes. “Cuántas veces han quemado un restaurante frente a la Universidad Autónoma de Hondura y nunca nadie ha puesto una denuncia y eso lo aplauden porque es fácil oponerse y no asumir responsabilidades ante la sociedad”, ejemplificó.
Citó el caso reciente de la quema en menos de 24 horas de dos carros repartidores de lácteos en un proceso de intimidación que genera terror entre la gente que se dedica a trabajar y en las compañías al tener que pagar el impuesto de guerra y esas son las preguntas que se deberían hacer los hondureños y “en ese aspecto y como Estado no deberíamos retroceder ni un milímetro en las decisiones que se han tomado”.
Sin embargo, recalcó que si la oposición cambia su actitud, sería un buen mensaje para la ciudadanía ver a un Congreso Nacional unido, que asume su responsabilidad de legislar en favor de las mayorías, dar una normativa que permita a los operadores de justicia, que son los que ponen el pecho en sus labores dar un mejor nivel de vida a los hondureños.
Quienes se oponen a las medidas deben pensar mucho la decisión que van a tomar, y que, aunque se cuenta con mayoría simple, es del criterio que los cambios se deben hacer de manera unánime, con todas las fuerzas políticas y que estén interesados en generar un debate amplio que permita salvaguardar las libertades públicas, pero que haya autoridad con los suficientes insumos para poner orden en el país.
“Todo esto llevo un proceso de amplio debate, con foros televisivos y radiales donde participaron miembros de las distintas fuerzas políticas, donde expusieron sus posiciones, algunas no las comparto, otros creo, con todo respeto las han asumido con mucha ligereza que van más allá de señalamientos de tipo político sectario que a la esencia de la ley, otros que creen que debe estar acorde con la normativa internacional que no tiene este tipo de patología social tan radicalizada, agresiva y violenta como la del país y que creen que pueden extrapolar sus situaciones a las de otros y nosotros queremos producir lo que Honduras necesita”, puntualizó Oliva.