El gobierno y toda la institucionalidad del Estado deberán cumplir las recomendaciones para reformar el sistema jurídico planteadas por la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Honduras (Maccih), porque de lo contrario este ente de la Organización de Estados Americanos se retirará.
El acuerdo de aplicación de la Maccih impone cuatro rigurosas condiciones para que la misión se mantenga en Honduras para cumplir su plan de adecentamiento institucional.
En el capítulo titulado “Retiro de la cooperación” se indica que se suspenderá el acuerdo “si la Maccih no puede ejercer plenamente su función de seleccionar, certificar, supervisar, evaluar y asesorar el grupo de fiscales, investigadores y especialistas forenses del Ministerio Público”, y en los capítulos III y VI del convenio se estipulan las diferentes funciones que tendrá este equipo de agentes.
En ese sentido, la Maccih deberá tener la libertad plena de conformar este equipo de fiscales que se encargará de “recabar información y que ejerzan la acción penal pública contra casos de corrupción que involucren redes de corrupción”, de acuerdo con el capítulo III del convenio que se deberá firmar a finales de enero.
De igual manera, es requisito para que la Maccih continúe que se le preste colaboración para que se conforme el grupo de fiscales, jueces y especialistas anticorrupción de la Fiscalía, Consejo de la Judicatura y Secretaría de Seguridad que conformarán unidades especiales.
En el caso de que el Estado “deje de cooperar de manera fundamental” a la Maccih, está también dejará de funcionar.
Otra causal de disolución del acuerdo es que el Estado se declare incapaz de poner en práctica las reformas jurídicas e institucionales que se plantean para combatir la corrupción.
La falta de apoyo financiero de la comunidad internacional para apoyar la Maccih es la causa de retiro de ese ente también.
Los gastos de la Maccih serán cubiertos por contribuciones de la comunidad internacional.
La creación de la Maccih fue el resultado del proceso de diálogo nacional entre el gobierno y diferentes sectores de la sociedad para crear un sistema de mejoramiento del sistema de justicia, que contó con la mediación de la Organización de Estados Americanos en 2014.
El ente contará con una unidad de investigación de casos emblemáticos de corrupción similar a la que tiene la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La Maccih estará integrada por un vocero, que será el responsable de las actividades de la misión, y coordinadores de divisiones, entre otros, y tendrá una duración de cuatro años.
Funcionarios nacionales e internacionales, así como contratistas independientes, también conformarán la Maccih.
La conformación del grupo de fiscales anticorrupción y su asesoramiento no implica que se violen las atribuciones del Ministerio Público si no que esta labor representa un acompañamiento para fortalecer al ente acusador, según reconocieron autoridades de la Fiscalía General.
El Ministerio Público, por medio de los fiscales certificados, continuará con la función exclusiva de presentar requerimientos fiscales en casos de corrupción.
La participación de la Maccih en los procesos penales será la de asesorar las investigaciones y mejorar las técnicas jurídicas que usan los fiscales en los juicios, entre otras asistencias.