El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llamó el martes al Reino Unido a adoptar con rapidez medidas para sancionar severamente las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, donde denunció el uso de «tortura sistemática».
«Entiendo que el gobierno del Reino Unido puede introducir una nueva legislación para sancionar las violaciones de los derechos humanos», dijo Almagro en un acto en Londres coorganizado por el grupo parlamentario interpartidos sobre Venezuela.
«Le urjo a que lo haga y a que el Parlamento lo adopte pronto», porque «necesitamos más sanciones y no menos», afirmó este feroz opositor al gobierno de Nicolás Maduro.
Una activista sentada entre los invitados irrumpió con gritos de «¡las sanciones son ilegales!» antes de ser desalojada, mientras en el exterior varias decenas de manifestantes coreaban «Almagro vendido» en español.
En su opinión «no se puede responsabilizar a las sanciones de ninguno de los daños que el régimen dictatorial de Maduro está haciendo al pueblo venezolano».
Y lo justificó denunciando que se comenten abusos desde mucho antes que la comunidad internacional decidiese en los últimos dos años tomar medidas.
Hizo un largo recuento de las «tácticas cada vez más organizadas» de represión desarrolladas desde 2014 para «atajar cualquier oposición al gobierno» y «mantener el poder».
Y explicó ante políticos y diplomáticos como la «mala gobernanza combinada con una extensa corrupción condujo al colapso económico (…) y a la catástrofe humanitaria» que empujó a cinco millones de Venezolanos a abandonar su país.
La abogada venezola Tamara Sujú, directora ejecutiva del Casla Institute que presentó el informe «Tortura sistemática en Venezuela» elaborado por esa entidad, denunció el uso de la tortura como «una de las causas del gran éxodo» que sufre el país.
Sujú leyó numerosos testimonios de personas que afirman haber sido víctimas de tortura y presentó videos en que familiares explicaban como estos fueron mantenidos encapuchados y esposados, colgados de un gancho, sometidos a vejaciones, golpeados, rociados con polvo lacrimógeno.
«La orden proviene del ejecutivo» y la tortura de utiliza como «arma para intimidar, castigar o conseguir un testimonio que ellos necesitan para justificar la persecución», aseguró, denunciando los «centros de torturas clandestinos que tiene el régimen en vario lugares del país».
«Un panorama muy lúgubre» del que la baronesa Hooper, presidenta honorífica del grupo parlamentario interpartidos británico sobre América Latina, aseguró que «una solución parece difícil». AFP