Miles de indígenas se concentran este martes en Quito antes de la gran protesta del miércoles contra el jaqueado presidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien debió trasladar la sede del gobierno a Guayaquil.
Las manifestaciones, que rechazan el fin de los subsidios y el consecuente aumento del precio de los combustibles, también tocaron la fibra económica del país.
La producción diaria de petróleo de 531.000 barriles por día se redujo en 31% por la ocupación de pozos en la Amazonía denunciada la víspera por las autoridades.
La movilización indígena, que arrancó el fin de semana desde varias provincias, ha bloqueado decenas de vías y desatado violentos choques con los uniformados. En Quito varios miles copan dos céntricos puntos de la militarizada capital ecuatoriana.
También en la víspera hubo intentos de saqueo y ocupación de sedes oficiales, aunque la dirigencia de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) tomó distancia de los desmanes y dijo que su protesta fue infiltrada.
«El gobierno nacional ha querido mancillar, ha querido manchar nuestra marcha diciendo que estamos haciendo actos vandálicos, actos de saqueo, actos de robo», señaló Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de la provincia andina de Cotopaxi.
Pese al estado de excepción que rige desde el jueves y las ofertas de diálogo del gobierno, la protesta no cede y los indígenas que llegaron a Quito mantienen a raya a los periodistas con palos y amenazas.
El lunes Moreno se vio forzado a mover su despacho a Guayaquil ante el acecho al hoy desocupado palacio presidencial. En ese puerto los militares también están desplegados, mientras Quito luce como una ciudad semiparalizada por el escaso transporte y la suspensión de clases.
«El sátrapa de (Nicolás) Maduro ha activado junto con (Rafael) Correa su plan de desestabilización», dijo el mandatario rodeado del alto mando militar, que de momento se a cohesionado en torno al gobierno.
– Llamado a elecciones –
Golpeado por el alto endeudamiento y la falta de liquidez, Ecuador quedó envuelto en su peor espiral de protestas desde 2007.
Moreno desató la ira con el desmonte de los subsidios acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por 4.209 millones de dólares. Los precios de los combustibles aumentaron en consecuencia hasta 123%.
En una aparición en televisión, el gobernante de 66 años señaló directamente a Correa de intentar derrocarlo.
Sin embargo, desde el exterior el exmandatario negó este martes los señalamientos y pidió el adelanto de elecciones ante lo que describió como una «grave conmoción social».
«Aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos: (…) adelantar elecciones», dijo.
Moreno y Correa (2007-2017) sostienen una pugna de poder que hundió en la crisis al oficialismo.
El exmandatario vive en Bélgica y enfrenta una orden de captura en Ecuador por un presunto delito que le endilga la fiscalía desde antes de que estallaran las protestas la semana pasada.
La Conaie, por su parte, afirmó también que «se deslinda de la plataforma golpista del correismo».
«Nuestra lucha es por la salida del #FMI del Ecuador. NO permitiremos a los que nos criminalizaron por 10 años aprovecharse de nuestra lucha y la del pueblo ecuatoriano. ¡Miserables!», escribió en Twitter.
El gobierno español llamó este martes a evitar «nuevos hechos violentos» y a buscar una salida negociada en Ecuador.
Las fuertes protestas sociales, no vistas desde que Correa asumiera en 2007, dejaban un civil muerto, 73 heridos (incluidos 59 uniformados) y 570 detenidos (la mayoría por vandalismo), según autoridades.
El martes, los gobiernos de Brasil, Argentina, Colombia y cuatro países más dieron su «firme respaldo» a Moreno.
Estados Unidos, aliado de Moreno, dijo a su vez que sigue de cerca la situación en Ecuador, donde manifestaciones provocaron el derrocamiento de tres gobernantes entre 1997 y 2005.
«Rechazamos la violencia como una forma de protesta política», manifestó el lunes por Twitter el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.-AFP