Siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, distintos juzgados del país están obligando a la ciudadanía a hacer citas para poder realizar distintos trámites.
Contraviniendo los principios de justicia temprana y expedita, Argueta impuso una modalidad de atención por medio de cita previa con llamada telefónica y solicitud de datos personales a las personas que deseen revisar expedientes.
La medida es inconstitucional, ya que expone a las personas a quedar fichadas al solicitarles número de identidad, dirección y demás información que pone en riesgo sus vidas.
La acción propicia el manejo antojadizo de los casos por parte de los jueces y condiciona a una hora específica para poder realizar sus diligencias a los hondureños, tiempo insuficiente para cumplir con cualquier gestión de importancia.
Las limitantes impuestas a la población para poder tener acceso a la justicia, contrastan con el trato preferencial que siguen gozando los implicados en distintos actos de corrupción como Pandora, Planeta Verde y también criminales afines a la máxima autoridad del Poder Judicial de Honduras.
