JOH sanciona Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad

El presidente Juan Orlando Hernández sancionó hoy el decreto de Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad que enmarca reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley de Centros Penitenciarios y aseguró “que es un paso importante para ayudar a Fusina en el objetivo de combatir con mayor contundencia al crimen”.

El mandatario sancionó las reformas penales en Casa Presidencial, en un acto al que asistieron el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva; autoridades del Gobierno y de Fusina (Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional) y representantes de la sociedad civil.

La iniciativa de ley, que fue propuesta por el Ejecutivo y aprobada la semana pasada por el Congreso, será publicada lo antes posible en el diario oficial La Gaceta para que Fusina pueda combatir el crimen con los elementos requeridos por este organismo.

Con las reformas «se consolida un paso muy importante en el objetivo de lograr la paz y tranquilidad a la que tenemos derecho todos los hondureños», dijo el titular del Ejecutivo, para después exponer una serie de criterios que enmarcan la ley.

«No teníamos que esperar que se dimensionara este problema como ha sucedido en países vecinos y por eso decidimos acompañar a Fusina en este propósito de evitar que este problema de la extorsión creciera a niveles insospechados», dijo también Hernández.

Hernández explicó, entre otros puntos, que a partir de la sanción y la publicación de la ley ahora habrá mayor facilidad para judicializar el tema de la extorsión, sin esperar a que se haga efectivo algún pago por parte de la víctima.

El paquete de reformas contempla además eliminar los tecnicismos que permiten a algunos criminales salir en libertad, penalizar el terrorismo que obliga al ciudadano honrado a dejar de disfrutar el fruto de su trabajo honesto, así como a vivir un miedo que puede ser considerado como insuperable.

Del mismo modo, la iniciativa busca controlar la salida de comunicaciones desde el interior de los centros penales y las que pudiesen llamarse como procesos o conexiones  desde lugares aledaños a los mismos.

Explicó Hernández que se pretende eliminar del Código Procesal Penal algunos tecnicismos que permiten que algunos privados de libertad salgan en libertad habiendo cometido delitos y otros que, amparados bajo la figura de la pre liberación, también salgan a cometer ilícitos.

Invitó a que el pueblo conozca a profundidad el tema de la denuncia que se premia con el pago de recompensas, sabiendo que hay procesos de seguridad importantes que permitirán a los cuerpos de justicia trabajar con mayor eficacia.

«Se necesitaba tener el amparo jurídico para calificar a los reclusos según el grado de peligrosidad, porque habrá quienes pueden rehabilitarse y otros deben estar guardados para que no sigan

cometiendo todo tipo de crímenes o hechos delictivos desde el interior de los centros penales», dijo sobre una de las reformas a la Ley de Centros Penitenciarios.

Hernández reafirmó que “a partir de mañana quedamos todos convocados para trabajar con Fusina en San Pedro Sula con esta nueva ley que nos permitirá ser más contundentes en la lucha contra el crimen y la violencia que tanto daño le ha hecho a Honduras”.

«Estamos protegiendo un derecho a la vida que solo Dios puede dar y quitar, el derecho que el pueblo hondureño tiene de disfrutar del fruto de su trabajo honrado y honesto y de vivir en paz y tranquilidad», manifestó Hernández para después proceder a la firma del decreto de ley.

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, expresó que se espera que “estas reformas tengan el impacto que permita suplir la necesidad de los operadores de justicia, de ofrecer mayor paz y tranquilidad al pueblo hondureño”.

También aprovechó para confirmar que “se está trabajando en otra normativa que nos permita combatir el flagelo que vive el pueblo hondureño con tantos actos de violencia y muerte».

La sanción del decreto fue el acto final de la comparecencia realizada hoy en Casa de Gobierno y que les entregará a los operadores de justicia más y mejores herramientas de trabajo para combatir la violencia en el país.

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