Una amplia mayoría de los guatemaltecos, 88%, desaprueba la gestión del presidente Otto Pérez Molina, quien desde abril enfrenta una crisis por episodios de corrupción en su gobierno que desató pedidos de renuncia, según una encuesta publicada hoy, martes 11 de agosto de 2015.
La consulta de la empresa Prodatos para el diario Prensa Libre revela una caída de 25 puntos en la popularidad del gobernante en los últimos tres meses, lo que coincide con el momento en que estalló la crisis sin precedentes en el país.
La encuesta se hizo entre mil 201 personas en el área urbana y rural del 27 de julio al 2 de agosto pasados, y tiene un margen de error de 2.8%.
Pese a la poca credibilidad del presidente, 56% de los encuestados considera que tiene que terminar su mandato, que concluye el 14 de enero de 2016.
Guatemala enfrenta una crisis desde el 16 de abril cuando fue desarticulada una red de defraudación en las aduanas, tras un año de investigaciones de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El escándalo provocó la caída de la vicepresidenta Roxana Baldetti el 8 de mayo debido a que supuestamente el líder de la banda era Juan Carlos Monzón, el entonces secretario privado de la alta funcionaria y ahora prófugo.
El sondeo también indicó que 92% de los encuestados rechaza la gestión de la vicepresidenta, pese a que ya no está en el cargo.
El próximo 6 de septiembre unos de 7.5 millones de guatemaltecos podrán acudir a las urnas para elegir al sustituto de Pérez, así como a 338 alcaldes, 158 diputados y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
Por otro lado, la oenegé Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) destacó hoy el «vital» trabajo que realiza la CIGIC.
La directora de CEJIL para Centroamérica y México, Marcia Aguiluz, aseguró en un comunicado que la CICIG representa «un modelo para otros países de la región que lidian con instituciones débiles, corrupción endémica y violencia generalizada».
«La permanencia de este órgano es vital para continuar combatiendo la corrupción e impunidad que aqueja a Guatemala, por lo que instamos al gobierno a demostrar su firme compromiso con el Estado de derecho apoyando el valioso trabajo que ejecuta esta entidad», afirmó Aguiluz.
La CICIG, dirigida por el colombiano Iván Velásquez, fue establecida por la ONU en 2007 para investigar estructuras clandestinas dentro del Estado, e inició en abril pasado en conjunto con el Ministerio Público una cruzada contra la corrupción.
Las investigaciones de ambas instituciones han desmantelado 13 tramas de corrupción en 100 días, con más de 65 personas imputadas, una docena de ellos altos funcionarios del Gobierno del presidente Pérez Molina.
También están imputados siete diputados del opositor Libertad Democrática Renovada (Lider) y un octavo legislador de otro partido de oposición, dos jueces, dos alcaldes, más de 25 trabajadores del Estado, varios particulares y el candidato a vicepresidente de Lider, Édgar Barquín.
El candidato presidencial de Lider, Manuel Baldizón, ha lanzado duras críticas contra la CICIG en las últimas semanas por «inclinarse por cuestiones ideológicas o partidistas» en contra de su agrupación política.
La CEJIL indicó hoy que el trabajo de la CICIG se hace cada vez más importante, ya que Guatemala «se encuentra sumida en una grave crisis política» y «las poderosas redes criminales siguen debilitando y corrompiendo las estructuras democráticas, mientras que los índices de impunidad son sumamente elevados».
«Las pruebas entregadas por la CICIG y el Ministerio Público en los últimos meses evidencian que la corrupción y manipulación política permea hasta los más altos cargos gubernamentales y judiciales», acotó.
Ante este panorama «la CICIG juega un papel esencial, y su labor debe ser apoyada por todos los sectores que creen en la justicia independiente e imparcial», concluyó CEJIL.