La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó el sábado al estado que proteja a los manifestantes, los cuales exigen desde hace días la renuncia de sus legisladores por haber modificado la ley con el fin de proteger a políticos acusados de financiamiento electoral ilícito.
Santiago Palomo, vocero de la CC, confirmó a The Associated Press la resolución del pleno, que respondió a un pedido de amparo de los diputados opositores Sandra Morán, Locadio Juracán y Enrique Álvarez, así como del procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas.
El amparo provisional otorgado por la CC establece que el presidente Jimmy Morales deberá ordenar al ministro de Gobernación Francisco Rivas y al director de la Policía Nacional Civil que permitan el libre ejercicio de la locomoción, libertad de pensamiento, de reunión pacífica y manifestación, que preserven el orden público, así como prevenir actos de violencia.
La Corte también pidió a la población realizar las protestas en forma pacífica y no afectar bienes públicos ni privados.
En un boletín de prensa el gobierno dijo que reconoce el valor fundamental de la participación ciudadana en las decisiones de interés nacional, y que ha instruido a las autoridades que den cumplimiento al fallo constitucional.
Varias organizaciones han dicho que la intención del Congreso es dar marcha atrás en las leyes anticorrupción, y han exhortado a un paro nacional el miércoles para pedir la renuncia de los diputados.
El Congreso reformó 3 artículos del Código Penal el miércoles, unos días después de que Morales fuera señalado por la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de cometer irregularidades durante la campaña política de 2015 que lo llevó al poder.
Pero el viernes, miles de manifestantes impidieron que los diputados salieran del Congreso hasta que derogaron la reforma.
Las tensiones en el país han ido aumentando desde hace varios días, y se hicieron más graves con la reforma del miércoles, con la cual hubieran salido libres los culpables de unos 400 delitos tipificados en ley.
Aunque el Congreso derogó la reforma, de todas formas miles de personas exigieron la renuncia de los legisladores. Algunos de ellos reconocieron como un error los cambios hechos y pidieron perdón a la población.
Las protestas no se limitaron solamente a la ciudad. En varios departamentos cientos de personas han mostrado su rechazo a las decisiones de los políticos.-AP