Las estadísticas hablan por sí solas, y es que se puede decir mucho a favor en contra de las estrategias de seguridad, pero los datos numéricos señalan una importante reducción en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.
Contexto
En el año 2011, Honduras alcanzó niveles alarmantes de inseguridad, violencia y criminalidad alcanzando una tasa de homicidios de 86.47 por cada 100 mil habitantes, siendo catalogado como el país más violento del mundo fuera de contextos de guerra. Entre diversos factores, se realizó un diagnostico en la Secretaría de Seguridad que mostraba los siguientes factores contribuyentes a la situación:
• El sistema educativo policial no respondía a las necesidades sociales del servicio que presta la Policía Nacional
• Prácticas obsoletas y competencias limitadas para las exigencias del trabajo policial
• Escasa capacidad logística y operativa
• Corrupción en la institución policial
• Fragilidad en controles, procesos y distribución de recursos
• Inexistencia de políticas públicas en materia de seguridad
• Inestabilidad en la asignación de recursos que garanticen la sostenibilidad de los procesos
• Falta de identidad y arraigo institucional
• Inexistencia de una normativa específica para la Carrera Policial
• Carencia de un modelo de servicio comunitario y un enfoque preventivo
• Baja autoestima de los miembros de la Carrera Policial
• Insuficiente capacidad de investigación criminal
• Violaciones a los Derechos Humanos en la práctica policial.
Decisiones estratégicas
En el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 se propuso la búsqueda de la paz y la erradicación de la violencia como objetivo estratégico del sector seguridad, en el que se plantea la protección de la vida y los bienes de los hondureños, priorizando las acciones de prevención como elemento esencial para el desarrollo económico y la convivencia ciudadana en armonía.
- Marco normativo: Los fundamentos de la Visión de País reconocen que la Constitución de la República manda que “el Estado promueva el desarrollo integral del país, en lo económico y en lo social, debiendo estar sujeto a una planificación estratégica que exige la participación de los poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y sociales, en una formulación incluyente y participativa”. En el ámbito de la seguridad, se establece como objetivo 2 que “Honduras se desarrolle en democracia, con seguridad y sin violencia”.
- Cambios en el Sistema Nacional de Justicia: Además, de forma paralela a los cambios de la institución policial, se han producido cambios en el Sistema Nacional de Justicia que han coadyuvado a mejorar la seguridad pública y ciudadana. Algunos de ellos son:
• Creación del Sistema Nacional de Emergencias 911
• Aprobación de un impuesto especial denominado Tasa de Seguridad Poblacional
• Coordinación interinstitucional al más alto nivel político a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
- Reforma Policial: En el año 2016 marca la puesta en marcha de la decisión del más alto nivel en pro de recuperar la confianza y credibilidad de la Policía Nacional de Honduras como la institución responsable de brindar seguridad a la población. En este sentido, a través del Decreto Legislativo 021-2016 se declaró “situación de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración policial”. Además, se estableció la creación de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional. También se emitió el Decreto Ejecutivo Número PCM 029-2016, en el que se autorizó al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad para que procediera a la reestructuración inmediata de esta instancia, personal auxiliar y civil de la Policía Nacional.
- Creación de nuevos cuerpos policiales: De igual forma, con el propósito de especializar aspectos específicos de la seguridad ciudadana, se crean nuevas instituciones que fortalecieron el sistema nacional de justicia, como la Policía Militar del Orden Público, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y juzgados especializados en materia de corrupción.
Resultados
- La tasa de homicidios era de 79/100 mil habitantes en el año 2013, y para el año 2020 se registró una tasa de 37.57, lo que implica una reducción del 51%. Esto según el Observatorio de la Violencia del IUDPAS (2019). Se trata de la tasa más baja en los últimos 15 años en el país.
- En 2013, San Pedro Sula ocupaba la posición #1 como la ciudad más violenta del mundo, con una tasa 187.14 homicidios por 100 mil habitantes. Tegucigalpa estaba en la posición #6 con una tasa de 79.42 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. Para 2020 San Pedro Sula y Tegucigalpa se ubican en las posiciones 34 y 30 respectivamente.
- En el año 2013 no se registraron homicidios en 15 municipios, cifra equivalente al 4% del total de los 298 municipios del país. Para 2020, la cifra subió a 53 municipios que no registraron incidencia de homicidios, equivalente a un 17% del total del país, representando una mejora del 13%.
- El Tercer informe sobre la impunidad en homicidios de la Alianza por la Paz y la Justicia (ASJ) muestra que el índice de impunidad para el año 2013 era 95.5%, pero para el año 2019 se redujo en un 10%, obteniéndose una calificación de 86%.
- La relación de policías por cada 100 mil habitantes en 2014 era de 145, pero en 2021 ha incrementado y ahora hay 204 policías por cada 100 mil habitantes. De esta forma se está más cerca del estándar internacional de 300 policías por cada 100 mil habitantes.
- El proceso de transformación institucional ha dejado 12,596 nuevos policías formados y certificados como idóneos para trabajar en la Policía Nacional.
- La participación de la mujer como miembro de la Policía Nacional ha pasado de 12.5% en 2014 a 18% en 2021.
- De igual forma el tema de la prevención a través del fortalecimiento de una Subsecretaría de Prevención y Derechos Humanos se implementan y articulan estrategias integrales con énfasis en 6 ejes: cultura de paz, convivencia ciudadana y derechos humanos; prevención desde lo local con visión territorial; espacios seguros sostenibles y resilientes; prevención de violencia que afecta a la niñez, adolescencia y juventud; prevención de violencia de género y; rehabilitación, reinserción y atención, implementadas en los 298 municipios de los 18 departamentos del país.
- Destacan la construcción de 70 Centros de Alcance Juveniles y 112 Parques para Una Vida Mejor.