Las posibilidades de que se concrete un fraude electoral en los comicios generales de noviembre de 2021 se elevan cada vez más, luego que un grupo de responsables operativos del programa Identifícate del Registro Nacional de las Personas (RNP) denunciaran de que la base de datos de los ciudadanos está siendo modificada.
Radio Globo conoció de primera mano que un grupo de personas le remitieron una senda carta al jefe de la iniciativa, Martín Quan, a quien le hicieron saber su malestar en torno a algunas irregularidades existentes y que no están contempladas dentro del contrato que suscribieron.
En uno de los apartados, los denunciantes dijeron que “es nuestra preocupación como jefes de unidades se nos asigne usuario a todo el personal del CNO para entrar en la base de datos del RNP a modificar información, dicha función no está estipulada en nuestros contratos profesionales, lo que a futuro podría tener consecuencias legales”.
Asimismo, le increparon la forma cómo se asignan los centros de votación en lugares lejanos del domicilio del ciudadano que se sometió al procedimiento de la nueva cédula de identidad.
“…Ha llamado mucho la atención por la forma en que responsabiliza al equipo técnico que desempeña funciones de campo (enroladores, supervisores, coordinadores) en la tarea de asignar centros de votación que no corresponden correctamente al domicilio del enrolado, situación que consideramos incorrecta ya que es responsabilidad de todos los tomadores de decisión del proyecto”, señalaron.
Otra de las quejas interpuestas radica en que sean subordinados de otros jefes de área, con quienes tienen las mismas funciones, por lo que supone una flagrante violación al contrato suscrito. Al respecto, Jorge Adalberto Reyes, Perla Varela, José Antonio Morales y Ana Bessy Oyuela, responsables del enrolamiento, explicaron que “nuestros puestos, incluyendo a los jefes de área Roy Lazo y Gessler Eguigurems, se suspendían a partir de la fecha (21 de diciembre) y pasaban a ser colaboradores subordinados ante los jefes Carlos Flores, unidad de capacitación; Marco Banegas, unidad de operaciones y Wilmer Peña, unidad de enrolamiento”.
Añadieron que en los nuevos cargos que busca imponer Quan “tienen el mismo rango jerárquico nuestro, evidenciando una violación a nuestra contratación y estructura organizativa del proyecto, decisión arbitraria que generó suspicacias políticas ya que los tres pertenecen al Partido Nacional, quebrantando con estas acciones antojadizas partidarias a la armonía, transparencia y equilibrio del proyecto”.
También se quejaron del marginamiento de la unidad de identificación, Perla Varela, en las reuniones sobre seguimiento de la elaboración de la nueva cédula, por lo que señalan que “la intromisión política en los procesos de la unidad de identificación es evidente, en virtud que la estrategia está concentrada en sus decisiones y las del jefe de la unidad de enrolamiento, ambos representantes del mismo partido político que está en el poder, lo que connota la falta de transparencia y equilibrio en la toma de decisiones y acciones”.
Otra de las irregularidades plasmadas en el documento que tiene en sus manos Radio Globo precisa que uno de los denunciantes no tiene acceso a los procesos informáticos del programa Identifícate ni se le permite participar en la toma de decisiones en cuanto al hallazgo de inconsistencias, verificación de huellas dactilares; aunque ya se interpusieron los reclamos de manera verbal y escrita, Quan ha hecho caso omiso.
Dentro del proyecto que también es supervisado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se reportan abusos de poder, acoso laboral, hostigamiento y el bloqueo de funciones clave para impedir que el organismo internacional no pague los sueldos al personal afectado por el responsable de Identifícate.
Sobre el tema, esta radio supo que algunos departamentos como monitoreo se ha visto relegado a la elaboración de informes mensuales y trimestrales, limitando a sus colaboradores a realizar funciones que para Quan “no son de importancia”. “Las acciones de acoso laboral sistemático que usted ocasiona al jefe de unidad Jorge Adalberto Reyes Cárdenas específicamente cada fin de mes en donde la niega la firma y autorización del informe mensual de actividades que previamente ha sido firmado y autorizado por el jefe de área operativa Roy Lazo, quien es el jefe inmediato superior de la unidad de monitoreo, argumentando un sin número de excusas e irrespetando la jerarquía, acciones que conllevan a su único objetivo de querer exponerlo y demostrar su poder al momento de firmar y autorizar dicho informe, requisito para el pago por servicios profesionales ante el PNUD”, aseveraron los denunciantes.
Otro de los extremos reprochados es que el funcionario se excede de aquellas funciones establecidas en el contrato suscrito, que lo ha conllevado al “desconocimiento e irrespeto al orden jerárquico de los jefes nombrados en las unidades mencionadas… Que van desde la utilización de terceros o medios informales para establecer los canales de comunicación hasta la usurpación de nuestras funciones… que delega a personas allegadas a usted, de menor o igual orden jerárquico que pertenecen a su partido político”.
De hecho, le exigieron que se limite a cumplir sus funciones que ya le confiere el contrato de trabajo, que haga transparente el proceso de entrega de la nueva cédula para “devolverle la confianza a la población”, que desaparezca las prácticas de acoso laboral “lo cual es una falta grave en los estándares de conducta para consultores individuales, de acuerdo a nuestra contratación y principios que impregnan el Registro Nacional de las Personas”.
“Estamos inconformes ante sus directrices partidarias antojadizas, ya que este es un proyecto de país e interés nacional y no propiedad particular de persona o partido político alguno”, sentenciaron.
En últimas líneas, la intervención del Registro Nacional de las Personas (RNP) no fue precisamente para emprender una masiva depuración del censo, a fin de sacar de circulación a los muertos votantes y vivos que no pueden ejercer el sufragio en una Honduras donde predomina el fraude.