De acuerdo con el Código Penal, en los artículos 333 y 349, la pena por abuso de autoridad va de 3 hasta 5 años de prisión y una multa de 50 a 100 mil lempiras; mientras, la detención ilegal se castiga con 3 a 6 años de reclusión e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.
El ahora declarado mantiene medidas cautelares sustitutivas (se defendió en libertad). Su audiencia de individualización de la pena concreta se programó para el jueves 20 de junio de 2023 a las 1:20 de la tarde.
El 10 de mayo de 2005 la Fiscalía presentó un requerimiento ante el Juzgado de Letras de Yoro, quien resolvió con lugar un día después, para el desalojo de campesinos que invadieron un terreno ubicado en Los Chorros, aldea El Desmonte, en el municipio de Sulaco.
Posteriormente, el 18 de agosto del mismo año se nombró a un juez ejecutor. Asimismo se nombró a 66 policías del orden público (PMOP) y 60 efectivos militares, todos bajo el mando del entonces subcomisionado y jefe policial de Yoro, Johab Eli Merlo Medina.
El desalojo fue pacífico, sin embargo ocho ciudadanos, que solidariamente asistieron a campesinos desalojados, fueron detenidos por orden del jefe policial, lo que al pasar las horas se convirtió en una «acción improcedente e ilegal».