El Congreso Nacional aprobó anoche en tercero y último debate, la totalidad de la Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal, enviada por el Poder Ejecutivo y dictaminada favorablemente por una comisión especial, la que incluye temas como poner un techo al gasto corriente, al endeudamiento público, contratación de personal y establece las sanciones, entre otros puntos.
Los artículos 15, 16 y 17, que estaban en suspenso, se retomaron en la sesión de ayer con los aportes de la comisión dictaminadora y los diputados de todas las bancadas representadas en el Congreso Nacional.
En la discusión y aprobación de la ley participó un equipo técnico de la Secretaría de Finanzas, encabezada por el ministro Wilfredo Cerrato; la directora general de Política Tributaria, María del Carmen Jovel; la jefa de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión, Elizabeth Rivera y la directora general de Franquicias Aduaneras, Alejandra María Chang, entre otros funcionarios.
El ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, aclaró que esa ley no es una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI), sino una iniciativa para no poner en riesgo los salarios de los empleados públicos y los pagos a proveedores.
La ley está orientada a evitar que el país vuelva a caer en situaciones de alto déficit en el gasto corriente, como entre el 2009 y 2013, cuando el déficit fiscal se elevó al 7.9 por ciento y la deuda incrementó a niveles actuales por el orden del 46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Mediante esta legislación, se adoptarán los principios presupuestarios de rendición de cuentas, transparencia y estabilidad de principios consistentes con las mejores prácticas internacionales.
En el estamento jurídico se crea la Dirección General de Política Macro Fiscal (DGPMF), adscrita al ministro de Finanzas, a cargo de un director y un subdirector, y será responsable de la definición de políticas macrofiscales, dar seguimiento a las finanzas públicas y la economía, elaborar proyecciones económicas y fiscales, para la toma de decisiones de las autoridades superiores, a fin de lograr una política fiscal sostenible, en beneficio de la sociedad hondureña.