El Congreso Nacional aprobó este martes en tercer y último debate la totalidad de los 107 artículos que contiene la Ley de Inspección Laboral enviada por el Poder Ejecutivo y dictaminada por una comisión especial, la que tiene el objetivo de garantizar que patronos y trabajadores cumplan y respeten todas las disposiciones legales relativas al trabajo. Para terminar esta importante ley, solamente restan por aprobar 12 artículos.
La Ley de Inspección Laboral tiene como finalidad regular el sistema integrado de la inspección de trabajo y de seguridad social, promover, vigilar y garantizar que patronos y trabajadores cumplan y respeten todas las disposiciones legales relativas al trabajo, previsión social, normas laborales, seguridad y salud en el trabajo y las relativas a la seguridad social.
De igual forma, deducir las responsabilidades correspondientes en el caso de infracción o incumplimiento en la obligación de las leyes relacionadas con las citadas materias en los centros de trabajo.
En la discusión y aprobación de la ley estuvieron el director general de Inspecciones de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), Selvin Martínez y el secretario general de esa dependencia abogado Jorge Bográn
Las autoridades de la Secretaría de Trabajo han explicado que entre más le deba el patrono al trabajador, mayor será la sanción que se le aplicará.
En ese sentido, cuando el patrono infrinja una norma laboral que provoque al trabajador un daño económico se impondrá al infractor una multa equivalente al 25 por ciento del perjuicio económico causado.
Asimismo, si la infracción perjudica a más de un trabajador, se aplicará el porcentaje anterior por cada uno de los afectados. No obstante, la multa por la infracción no será menor de cinco mil lempiras en caso que el 25 por ciento sea inferior a la cantidad anterior.
También se sancionarán las infracciones no monetarias, es decir, que se vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores protegidos por la Constitución de la República, leyes laborales y normas internacionales ratificadas por Honduras.
La sanción o multa será de 100 mil lempiras y se aplicará por cada infracción. Además, se estipulan multas de 300 mil lempiras a quienes por medio de amenazas atenten contra el derecho de libertad de asociación y sindicalización.
Los empleadores que se opongan a una inspección laboral se multarán con 250 mil lempiras y en caso de incumplir la celebración de un contrato colectivo, la sanción está establecida en 200 mil lempiras
En el proyecto original se solicita que el presupuesto de la Secretaría de Trabajo se aumente para cubrir las nuevas necesidades y asegurar la eficiencia de la Dirección General de Inspección Laboral. Lo anterior es con la finalidad de mejorar la calidad y cantidad de inspectores.
Para las autoridades proyecto de la Ley de Inspección Laboral es vanguardista, con una administración nueva del trabajo, sobre todo, que tiene que ver con el tema administrativo, laboral y protección de los trabajadores.
La ley crea un nuevo procedimiento administrativo para la justicia laboral; después, crea un marco regulatorio de sanciones que sean suficientes, efectivas y que permitan disuadir en los sectores productivos los incumplimientos laborales.
La aplicación de esta ley corresponde a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como autoridad administrativa en el ámbito de su competencia a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo (DGIT).
El proyecto de Ley de Inspección Laboral, fue elaborado de forma conjunta entre los miembros del Consejo Económico y Social (CES) que integran el gobierno, la empresa privada y el sector obrero.
La propuesta marca un nuevo hito dentro del diálogo social establecido por el gobierno con los otros sectores ya que viene a modernizar todo el sistema de relaciones obrero-patronal.
Al final de la aprobación, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, felicitó a los miembros de la comisión de dictamen así como a los representantes de la Secretaría de Trabajo por el buen trabajo efectuado para aprobar esta ley.
Ley Orgánica de la Policía
En la sesión de este jueves también se aprobó en segundo debate la totalidad de los 176 artículos de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional que tiene como objetivo establecer las bases jurídicas fundamentales y generales, así como la estructura organizacional básica de la Secretaría de Seguridad, con el propósito de garantizar el eficiente control, administración y funcionamiento de la institución policial.
La nueva ley está dividida en dos grandes bloques, en el primero se regula la normativa concerniente a la Secretaria de Seguridad y posteriormente se regula de manera específica la Policía Nacional.
Dentro de los aspectos más relevantes contemplados en el dictamen elaborado por la comisión ordinaria de seguridad y previsión ciudadana del Congreso Nacional, y que se someterá al pleno para debate, se establece que la Secretaría de Seguridad contará con una estructura organizacional administrativa y funcional, compuesta por seis niveles (político, asesor, coordinador y auxiliar de apoyo, operativo, se mantienen los órganos consultivos del Conasin y el Consejo de Seguridad Vial.
Asimismo se establece una Dirección de Control de los Servicios Privados de Seguridad, a cargo de regular los servicios privados de seguridad; y una Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), como una dependencia desconcentrada de la Secretaria de Seguridad, con
autonomía técnica, administrativa y financiera, a cargo de investigar las faltas y delitos en que incurran los miembros de la carrera policial.
Para tal fin, esa dirección estará a cargo de todas las acciones y diligencias necesarias que acrediten la infracción cometida y la responsabilidad del miembro de la carrera policial investigado.
Las pruebas de confianza serán realizadas por la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Confianza como único ente especializado en esta materia.
A través de un ente especializado sólo para la investigación de los delitos y faltas y otro solo para la certificación se fortalecerá en dos vías la depuración policial, es decir, mediante certificación de confiabilidad de los policías y a través de un nuevo sistema disciplinario (procesos justos y efectivos), superando así la gran debilidad de la actual Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) que se centró únicamente en la certificación de pruebas de confianza, descuidando la parte investigativa.
En ese sentido, el director de la DIDADPOL, será nombrado por el presidente de la República por un período de cuatro años, el cual debe cumplir con una serie de requisitos de perfil para el cargo, entre ellos la aprobación de pruebas de confianza.
Por otro lado, se crea el Directorio Estratégico Policial, el cual dependerá de la Dirección General de la Policía Nacional, y se integrará por el director general, subdirector general, inspector general y los titulares de la Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Inteligencia e Investigación, Dirección de Planeamiento, Operaciones y Mejora Continua; Dirección de Logística y Dirección de Asuntos Interinstitucionales y Comunitarios. El directorio también podrá ser integrado por los titulares de las direcciones nacionales de nivel operativo en los casos que corresponda, para lo cual deberán ser convocados por el director nacional.
El Directorio Estratégico Policial se crea como un órgano superior deliberativo de asesoría, coordinación, organización y planificación operativa conjunta, evaluación y valoración de las actuaciones y procedimientos policiales, y del rendimiento profesional, a fin que se realicen en el marco de la ley y protocolos establecidos.
De igual manera, será responsable de participar en el proceso de evaluación de desempeño y rendimiento profesional de los miembros de la carrera policial, cuyos resultados deberán ser remitidos a la dirección general de la Policía para la toma de decisiones.
La Policía Nacional contará con una línea y unidad de mando definida; con cinco niveles; se realiza una restructuración de las direcciones y se establecen 10 a nivel nacional: Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC); Dirección Policial de Investigaciones (DPI); Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL); Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales (DNPSE) y la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito (DNVT).
Asimismo, la Dirección Nacional de Unidades Especiales (DNUE); Dirección Nacional Policial Antinarcóticos (DNPA); Dirección Nacional de Servicios Especiales Fronterizos (DNSEF); Dirección Nacional de Educación Policial (DNEP) y se crea la Dirección de Telemática y las agregadurías policiales.
Iniciativas de ley
En la sesión de este jueves, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, introdujo un proyecto de decreto que fue turnado a la comisión ordinaria de salud orientado a autorizar la excepción del artículo 98 del decreto 171-2006 para la ampliación del plazo de ejecución por un período de tres años al proyecto de construcción del nuevo Hospital Regional del Sur, departamento de Choluteca.
Por su lado, el diputado del Partido Anticorrupción (PAC), por Cortés, Walter Alex Banegas, presentó un proyecto orientado a interpretar el artículo 132 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en el sentido que los ciudadanos que aspiren a ser diputados del Congreso Nacional en forma independiente puedan participar de manera colectiva o planilla completa para dicho nivel por su departamento, de tal manera que si un grupo de ciudadanos desea participar como candidatos a diputados independientes, perfectamente pueden hacerlo junto a otros en forma colectiva o planilla completa desvinculada de un partido político.
El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), por Cortés, José Luis Cruz, presentó una iniciativa orientada a derogar todos y cada uno de los decretos aprobados por el Estado de Honduras por medio de los cuales se volvió miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y se instruye al gobierno de la República para que una vez aprobado el decreto en el diario oficial La Gaceta, proceda a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Externa y de conformidad con lo establecido en la Convención de Viena y tratados internacionales a comunicar a la secretaría del organismo regional el retiro de Honduras como Estado parte de ese foro nacional.
Agrega que los diputados en funciones del Parlacen por Honduras, cumplirán con las mismas hasta el final de las mismas al final del cual el gobierno cesará la asignación de las cuotas como Estado parte y los recursos que se dejen de pagar al organismo serán redestinados exclusivamente para la compra de medicamentos.
Por su parte, el diputado de Libre por Francisco Morazán, Jari Dixon, presentó una iniciativa encaminada a reformar la Ley Marco de las Telecomunicaciones adicionándole un nuevo artículo 24B: Crease asimismo la Dirección de Medios Audiovisuales Comunitarios como un órgano interno reconocido por el Estado que deberá ocuparse de la política pública para la promoción y desarrollo del sector incluyéndola en la reserva del espectro radioeléctrico, mecanismos expeditos para otorgar frecuencias audiovisuales comunitarias y acceso a las comunidades a la conectividad estatal de servicios de Internet reservando su independencia editorial y política.
Entretanto, los diputados nacionalistas por Comayagua José María Martínez y Carolina Rosa Rauscher, presentaron una iniciativa orientada a autorizar a la alcaldía municipal de Comayagua a suscribir un contrato de préstamo con institución bancaria por un monto de 40 millones de lempiras, el que será utilizado para el proyecto de agua potable.
Finalmente, el diputado liberal por El Paraíso, Ramón Chacón Ferrufino, presentó un proyecto orientado a instruir a la Secretaría de Finanzas para que asigne en el Presupuesto General de la República para el 2017, la cantidad de un millón 700 mil lempiras a favor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para finalizar la construcción del proyecto de la línea troncal de energía eléctrica de Trojes hacia Arenales, El Paraíso para proveer de electricidad al instituto Dionisio de Herrera de esa comunidad.
El presidente en funciones del Congreso Nacional, Edwin Roberto Pavón, cerró la sesión y fijó como orden del día reunión el próximo lunes 23 de enero a las 3:00 de la tarde.