Luego de que el veto presidencial a las reformas de la Ley de Privación de Dominio fuera leído en su totalidad en el pleno del Congreso Nacional, el secretario de ese poder del Estado, Tomás Zambrano, señaló que “Esperaremos a que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie para ver qué prosigue”.
“Este jueves estaremos enviando el veto a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie en un plazo de noventa días si hay inconstitucionalidad o no”, anunció Zambrano.
Esto es parte de un proceso democrático y de la potestad constitucional que tenemos los poderes del Estado, mismos que somos complementarios e independientes –recordó Zambrano.
Y luego agregó que cuando un decreto es enviado al Ejecutivo para su sanción, éste tiene diez días para sancionarlo o vetarlo.
Zambrano explicó que el veto del Ejecutivo se dio en dos sentidos:
1. Según el razonamiento del Ejecutivo, las reformas tienen contradicciones con normas y convenios internacionales que Honduras ha suscrito. Y;
2. Que el Congreso Nacional tuvo que realizar una consulta de opinión con la Corte Suprema de Justicia porque con las reformas se modifican el Código Penal, el Código Procesal Civil y la Ley de Lavados de Activos.
El mismo artículo 216 de la Constitución –dijo el diputado nacionalista por Valle-, establece que cuando el Ejecutivo manda un veto al Legislativo, porque pudiera existir una inconstitucionalidad, nos da el derecho de enviarlo a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie.
Zambrano, además, informó que el Congreso Nacional pedirá que los diputados Denis Castro Bobadilla (proyectista de las reformas) y Mario Pérez (presidente de la Comisión de Dictamen), participen en las reuniones de la Comisión Interinstitucional de Justicia que analizará el veto.
“El Congreso también pedirá que Comisión Interinstitucional de Justicia Penal analice junto a comisión de diputados si ha habido abusos en la aplicación de la ley vigente de Privación de Dominio por parte de operadores de justicia”, anunció Zambrano.
“El veto no será sometido a discusión en el Congreso Nacional hasta esperar que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie; lo hacemos por respeto a la institucionalidad”, expresó.
Finalizó diciendo: “No hay conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo; el mensaje claro es que estamos trabajando juntos, en comunión, en armonía en favor del pueblo hondureño. Los nacionalistas no somos como otros partidos que se dividen y contribuyen para que la familia hondureña se divida”.