El Congreso Nacional conoció en la sesión de este martes la propuesta de decreto enviada por el Poder Ejecutivo que contiene el proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad.
La propuesta, que ha sido turnada a una comisión especial nombrada por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, contiene iniciativas encaminadas a reformar el Código Penal y otras leyes para atacar a los criminales dedicados a extorsionar e infundir miedo a la sociedad.
La iniciativa está orientada a reformas artículos del Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Granjas Penales, Ley de Inteligencia Nacional, Ley Especial Sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas y Ley del Instituto Nacional Penitenciario, que servirían para frenar el surgimiento de bandas extorsivas y neutralizar las existentes.
Se propone reformar el artículo 222 del Código Penal, mediante el cual un individuo incurriría en el delito de extorsión con el simple hecho de exigirle dinero bajo amenaza a una persona.
Asimismo, la iniciativa está encaminada a agregar dos párrafos al artículo 335 del Código Penal con el propósito de calificar de terrorismo los actos que infundan temor en la población.
Las demás iniciativas se orientan a limitar los servicios de telecomunicaciones de las cárceles para que no sean aprovechados por los privados de libertad, lo mismo que sobre intervenciones telefónicas de modo que las compañías que los brindan puedan cooperar con la autoridad sin preocupación de infringir la ley.
También se propone la derogación de varios artículos de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario para que exista una autoridad con amplias atribuciones y autonomía en cada centro penal del país, y establecer tres tipos de régimen ordinario para la separación adecuada de reos de máxima peligrosidad en los presidios.
Además, la reforma va encaminada a crear una Academia Nacional Penitenciaria con el fin de profesionalizar agentes y otros servidores; establecer un proceso de rehabilitación y reinserción de los privados de libertad para evitar su reincidencia en el delito y reducir el hacinamiento en los centros penales mediante traslados a otras prisiones.
La reforma tiene como objetivo también impedir que los privados de libertad tengan acceso a todo tipo de informaciones y comunicación a través de terceros, entre ellos las visitas, y crear un programa de ocupación comunitaria, educativa y productiva de manera que se reduzca a cero el ocio de los reos mediante actividades obligatorias.
Asimismo, la propuesta está orientada a regular el beneficio de pre liberación que actualmente es otorgado automáticamente cuando los reos cumplen algunos requisitos, como el de buen comportamiento.
El proyecto de ley será dictaminado por una comisión especial de diputados integrada por José Tomás Zambrano (PN) quien la preside, Edwin Roberto Pavón (UD), David Guillermo Chávez Madison (PN), Rasel Tomé (Libre), Rafael Virgilio Padilla (PAC), Hugo Ricardo Hernández (PL) y Gerardo Tulio Martínez Pineda (PN).
Ley Orgánica de la Policía
En la sesión de este martes, se aprobó en segundo debate desde el artículo 51 al 67 de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, que tiene como objetivo establecer las bases jurídicas fundamentales y generales, así como la estructura organizacional básica de la Secretaría de Seguridad, con el propósito de garantizar el eficiente control, administración y funcionamiento de la institución policial.
La nueva ley está dividida en dos grandes bloques, en el primero se regula la normativa concerniente a la Secretaria de Seguridad y posteriormente se regula de manera específica la Policía Nacional.
Dentro de los aspectos más relevantes contemplados en el dictamen elaborado por la comisión ordinaria de seguridad y previsión ciudadana del Congreso Nacional, se establece que la Secretaría de Seguridad contará con una estructura organizacional administrativa y funcional, compuesta por seis niveles (político, asesor, coordinador y auxiliar de apoyo, operativo), se mantienen los órganos consultivos del Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial.
Asimismo, se establece una Dirección de Control de los Servicios Privados de Seguridad, a cargo de regular los servicios privados de seguridad; y una Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), como una dependencia desconcentrada de la Policía Nacional, con autonomía técnica, administrativa y financiera, a cargo de investigar las faltas y delitos en que incurran los miembros de la carrera policial.
Para tal fin, esa dirección estará a cargo de todas las acciones y diligencias necesarias que acrediten la infracción cometida y la responsabilidad del miembro de la carrera policial investigado. Las pruebas de confianza serán realizadas por la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Confianza como único ente especializado en esa materia.
A través de un ente especializado sólo para la investigación de los delitos y faltas y otro solo para la certificación se fortalecerá en dos vías la depuración policial, es decir, mediante certificación de confiabilidad de los policías y a través de un nuevo sistema disciplinario (procesos justos y efectivos), superando así la gran debilidad de la actual Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) que se centró únicamente en la certificación de pruebas de confianza, descuidando la parte investigativa. En ese sentido, el director de la DIDADPOL, será nombrado por el presidente de la República por un período de cuatro años, el cual debe cumplir con una serie de requisitos de perfil para el cargo, entre ellos la aprobación de pruebas de confianza.
Por otro lado, se crea el Directorio Estratégico Policial, el cual dependerá de la Dirección General de la Policía Nacional, y se integrará por el director general, subdirector general, inspector general y los titulares de la Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Inteligencia e Investigación, Dirección de Planeamiento, Operaciones y Mejora Continua; Dirección de Logística y Dirección de Asuntos Interinstitucionales y Comunitarios. El directorio también podrá ser integrado por los titulares de las direcciones nacionales de nivel operativo en los casos que corresponda, para lo cual deberán ser convocados por el director nacional.
El Directorio Estratégico Policial se crea como un órgano superior deliberativo de asesoría, coordinación, organización y planificación operativa conjunta, evaluación y valoración de las actuaciones y procedimientos policiales, y del rendimiento profesional, a fin que se realicen en el marco de la ley y protocolos establecidos. De igual manera, será responsable de participar en el proceso de evaluación de desempeño y rendimiento profesional de los miembros de la carrera policial, cuyos resultados deberán ser remitidos a la dirección general de la Policía para la toma de decisiones.
La Policía Nacional contará con una línea y unidad de mando definida; con cinco niveles; se realiza una restructuración de las direcciones y se establecen 10 a nivel nacional: Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC); Dirección Policial de Investigaciones (DPI); Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL); Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales (DNPSE) y la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito (DNVT). Asimismo, la Dirección Nacional de Unidades Especiales (DNUE); Dirección Nacional Policial Antinarcóticos (DNPA); Dirección Nacional de Servicios Especiales Fronterizos (DNSEF); Dirección Nacional de Educación Policial (DNEP) y se crea la Dirección de Telemática y las agregadurías policiales.
En la sesión de este martes, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, le dio la bienvenida a los diputados nacionalistas Salvador Valeriano y Samuel Reyes Rendón quienes tenían permiso para desempeñar los cargos de viceministro de Seguridad y ministro de Defensa Nacional, respectivamente.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, suspendió la sesión y convocó para una nueva reunión mañana miércoles a las 3:00 de la tarde.