El Congreso Nacional aprobó este miércoles con dispensa de debates y de manera unánime la totalidad de los artículos de una iniciativa dictaminada por la comisión ordinaria de desarrollo y protección social que contiene la Ley de Alimentación Escolar, con lo que el programa de la Merienda Escolar queda de manera permanente en los centros educativos del país para lo cual se incrementará su presupuesto a partir del próximo año.
El objetivo de la Ley de Alimentación Escolar es crear el marco legal para que el Estado de Honduras proporcione de manera adecuada a los niños y niñas la ración alimentaria nutricional en todos los centros de educación pública prebásica, básica y progresivamente en educación media en el marco del derecho humano de alimentación que incluye el derecho de los niños y niñas a no padecer hambre y la generación de comisiones adecuadas que contribuyan al desarrollo físico y psíquico de forma saludable bajo condiciones de libertad y dignidad para favorecer indicadores educativos.
Protección contra el hambre
Esta ley es producto de dos iniciativas presentadas ante el pleno por los diputados Salvador Valeriano quien actualmente se desempeña como viceministro de Seguridad y Manuel Iván Fiallos y que tiene como horizonte llegar a la universalidad en la dotación de la Merienda Escolar.
En la sesión participaron las representantes residentes del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Ana Julia Cárdenas y del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Pascualina Di Sirio así como la viceministra de Educación, Elia del Cid.
La diputada Yadira Bendaña, agradeció a la esposa del presidente del Congreso Nacional, Rina de Oliva por permitir que en el XX Congreso Infantil se socializará la inclusión de esta ley lo que fue bien recibida por los niños diputados.
Asimismo, la señora Argelia González, productora de alimentos para la Merienda Escolar, agradeció por la aprobación de la ley en primer lugar porque sirve para alimentar y nutrir a los niños y al mismo tiempo por permitirles obtener recursos para su sustento.
Por medio de esta ley se crea también el Programa Nacional de la Alimentación Escolar como un programa de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y la Secretaría de Educación con independencia financiera el cual tiene como objetivo proporcionar a todos los niños y niñas en los centros de educación prebásica y básica y sucesivamente en educación media del país, una ración alimentaria nutritiva complementaria.
Mediante la ley se establece la rendición de cuentas para el cumplimiento del derecho a una alimentación y nutrición escolar adecuada fomentando la transparencia y la acción pública, la participación ciudadana y la auditoría social, mientras que la inclusión el Estado implementa las medidas adecuadas para garantizar que los niños y niñas en los centros educativos públicos desde prebásica, básica y sucesivamente en educación media, incluyendo la educación especial y grupos originarios se vean protegidos contra el hambre.
Todos los niños y niñas matriculados en el sistema de educación pública a nivel prebásico, básico y progresivamente educación media y educación especial tienen derecho a la alimentación escolar adecuada, saludable, nutritiva, inocua y respetuosa de la cultura, tradiciones, mística y hábitos alimenticios que contribuyan al crecimiento y desarrollo integral de los niños.
En el decreto se establece la alimentación escolar como una prioridad nacional.
Convenio de Minamata
En la sesión de este miércoles, se aprobó con dispensa de un debate, el decreto orientado al acuerdo número 33 – DGTC, mismo que contiene el Convenio de Minamata sobre Mercurio enviado por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y dictaminado por la comisión ordinaria de Relaciones Internacionales e Integración Regional.
Con esta aprobación, Honduras se convirtió en el país número 31 en ratificar el Convenio de Minamata sobre Mercurio el que entrará en vigencia una vez que 50 naciones lo hayan hecho.
La Convención de Minamata sobre el Mercurio es un convenio internacional tratado diseñado para proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones antropogénicas y las liberaciones de mercurio compuestos y mercurio.
Esta convención fue el resultado de tres años de reuniones y negociaciones, después de lo cual el texto de la convención fue firmada por los delegados de 140 países, el 19 de enero de 2013.
La convención tiene el nombre de la ciudad japonesa de Minamata. Esta denominación es de importancia simbólica ya que la ciudad pasó por incidente devastador de envenenamiento por mercurio. Se espera que en las próximas décadas, este acuerdo internacional mejorará la reducción de la contaminación por mercurio de las actividades específicas responsables de la mayor liberación de mercurio al medio ambiente inmediato.
Minería sostenible
En septiembre de 2014, la entonces canciller hondureña Mireya Agüero de Corrales, firmó el Convenio de Minamata sobre Mercurio, Acuerdo internacional que regula el alto uso de mercurio en los procesos de exploración minera, procesos industriales, aplicaciones médico hospitalario, gestión inadecuada de sus residuos, y la consecuente exposición a la población hondureña y el ambiente.
La firma de ese convenio hace unos dos años, le ha permitido al país recibir cooperación internacional para implementar ese tratado por lo que era necesario que el Congreso Nacional lo ratificara para ser parte de los 31 países que han suscrito y ratificado la convención y crear una oportunidad para que en el país exista una minería sostenible, libre de mercurio y sobre todo evitar los daños antropogénicos que ya produce el mercurio en la salud.
El convenio contribuirá de manera decidida para la obtención de datos fiables sobre las importaciones de los productos que contienen mercurio, una legislación que permitirá la eliminación gradual del mercurio en la minería artesanal y a Pequeña Escala, y el uso de productos libres de mercurio o de bajo contenido, entre otros aspectos de gran importancia que son abordados por el convenio.
En la sesión participaron, el viceministro de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, Carlos Pineda Fasquelle; el director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes (Cescoo), Carlos Thompson; la subdirectora de ese organismo, Alba de Nájera; la jefa del Departamento de Acción de Productos Químicos, Ana Ramírez y el coordinador del Proyecto de Gestión de Mercurio, Pablo Rodríguez, quienes hicieron una explicación amplia a los diputados sobre aspectos del convenio internacional y la importancia de ratificarlo.
El Convenio de Minamata representa una oportunidad para encaminar estas acciones bajo una plataforma acordada internacionalmente que deberá contar con mecanismos de cooperación y apoyo a los países en desarrollo acordes a las necesidades que se plantean.
A partir del año 2020 se prohíbe la producción, importación y exportación de una serie de productos con mercurio añadido, en los que existen alternativas sin mercurio: baterías, interruptores y relés, algunas lámparas fluorescentes compactas, mercurio en lámparas fluorescentes de cátodo frío y lámparas fluorescentes de electrodo externo, jabones y cosméticos, y artículos médicos como termómetros y tensiómetros.
Se establecen además, medidas de control en los procesos de fabricación en los que se utiliza mercurio o compuestos de mercurio, como la producción de cloro-álcali, o la producción de acetaldehído, en los cuales no se permitirá el uso de mercurio después de la fecha de eliminación en 2025 y 2018, respectivamente. Para otros procesos, como la producción de monómeros de cloruro de vinilo, se tomarán medidas para restringir el uso de mercurio.
En Honduras ya se está trabajando en algunos hospitales de la zona norte en la sustitución de aparatos de medición en el sector salud, de termómetros, manómetros y esgmomanómetro, por aparatos sin mercurio
Asimismo, los expertos revelaron que ya se está trabajando con los mineros artesanales de las minas de El Corpus, Choluteca, a quienes se capacitará en tecnologías de avanzada y conviertan la minería en una producción sostenible y permitirá insertar a los pequeños mineros a toda la cadena de valor.
Alcaldía de La Ceiba
En la sesión de este miércoles, se aprobó en segundo debate, una iniciativa presentada por el diputado nacionalista por Atlántida, Rodolfo Irías Navas y dictaminada por la comisión ordinaria de presupuesto, orientado a reformar los artículos 1 y 4 del decreto 34-2011, en donde se autoriza a la alcaldía municipal de La Ceiba, Atlántida, para que pueda obtener recursos económicos provenientes de préstamos del sistema financiero nacional o cualquier entidad de crédito
internacional que opere legalmente en Honduras hasta por un monto de 390 millones de lempiras para readecuar las deudas existentes a largo o corto plazo y capital fresco siempre y cuando no excedan de los montos antes señalados pudiendo hacer provisiones internas requeridas como parte de las negociaciones con los financistas, ceder derechos sobre transferencias del pago del gobierno central o ingresos corrientes para garantizar o para servir como medio de pago de esas obligaciones financieras.
Asimismo, se establece que los fondos deben ser destinados exclusivamente para pagar obligaciones administrativas de corto plazo hasta por un monto de 40 millones de lempiras y se autoriza a la municipalidad de La Ceiba para que pueda ampliar el plazo vigente del contrato de fideicomiso que actualmente mantiene con Ficohsa con el objeto que dicho plazo se amplíe a 15 años en función de los contratos anteriormente realizados.
Las condiciones de pago, plazos y garantías, entre otros, deben contratarse en la conveniencia e interés de la municipalidad.
El presidente en funciones del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, suspendió la sesión y convocó para una nueva reunión mañana jueves a las 10:00 de la mañana.