El Congreso Nacional avanzó este martes con la aprobación en tercer y último debate del nuevo Código Tributario, centrándose en aspectos como el buzón electrónico, uso de medios electrónicos y la utilización de tecnologías electrónicas, informáticas y telemáticas así como FICTA negativa, entre otras.
En la sesión de este martes, se aprobó el artículo 55 del nuevo Código Tributario que había quedado en suspenso y que se refiera a los derechos y garantías de los obligados tributarios.
Asimismo, se aprobó desde el artículo 58 al 98 que contienen aspectos como los deberes y obligaciones en general, clasificación de los contribuyentes, deber de colaboración, deber de la denuncia pública y su tramitación, declaraciones y manifestaciones, obligaciones formales de los obligados tributarios, obligación de llevar contabilidad, obligación de extender documentos fiscales, obligación de inscribirse en el Registro Tributario Nacional, obligaciones en caso de inicio de actividad y obligaciones en caso de cese de actividades.
Asimismo, los deberes generales de los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas, la Superintendencia Tributaria Aduanera y de la Administración Tributaria, deberes de reserva de los servidores públicos y otros colaboradores de la Secretaría de Finanzas, la Superintendencia Tributaria Aduanera y de la Administración Tributaria; deberes de colaboración de los servidores públicos ajenos a la Administración Tributaria y otras entidades; deberes de información de otros obligados tributarios, obligación de reserva y obligación de presentar declaraciones y enterar tributos.
Además, objeto de las actuaciones y procedimientos, verificación o fiscalización de los datos y hechos consignados, exigibilidad y unidad de la obligación tributaria, acceso a las actuaciones, medidas para mejor prever, tiempo de las actuaciones, utilización de tecnologías electrónicas, informáticas y telemáticas, equivalencia de soportes documentales, buzón electrónico y usos de medios electrónicos en la Secretaría de Finanzas y la Superintendencia Tributaria Aduanera.
También aspectos como las peticiones, requerimientos y plazos, notificaciones, formas, notificación por sistemas telemáticos, notificación personal, notificación mediante correo público o privado certificado, notificación por tabla de avisos física y electrónica, principios y normas aplicables a la prueba, admisión y valoración de la prueba, período probatorio, fundamentación de las actuaciones y alegaciones.
En la sesión de este martes, participaron nuevamente, el secretario del Consejo de Ministros y asesor presidencial Ebal Díaz quien respondió las inquietudes y consultas de los diputados de las distintas bancadas, representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (Cohdesse), representantes de instituciones del Estado y de la Confederación Hondureña de Cooperativas (CHC).
Entre las novedades del proyecto destacan: la creación de un monotributo, la conformación de tribunales fiscales y la modernización del sistema recaudador, lo que permitirá reducir la tramitología para que el pago y cobro de impuestos sea más ágil en el país.
Asimismo, incluye figuras jurídicas para que el pago de multas sea gradual y de acuerdo a las utilidades del contribuyente infractor, mediante una tabla de prorrateos, que hará uso de fórmulas que toman de base parámetros como salarios mínimos, entre otros detalles.
El monotributo se crea para ampliar la base de contribuyentes, más allá de los 120 mil que existen registrados en el Servicio de Administración de Rentas (SAR), antes Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
Se crean la Superintendencia Tributaria Aduanera y la Administración Tributaria como entidades con autonomía funcional, técnica, administrativa y de seguridad nacional, con personalidad jurídica propia y responsable del control, verificación, fiscalización y recaudación de los tributos, así como la tramitación y resolución de los recursos administrativos a su cargo.
El Consejo Consultivo de la Administración Tributaria, estará integrado por el ministro de Finanzas (quien lo preside y tendrá voto de calidad), el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), el presidente del Banco Central de Honduras (BCH) y el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
La figura jurídica del monotributo o tributo único se regirá bajo los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad, atendiendo a la capacidad económica del contribuyente.
Serán sujetos de este impuesto las organizaciones del sector social de la economía, otros sectores económicos y profesionales que determine la ley y los que desarrollen actividades económicas y civiles no lucrativas.
Este régimen especial se basará en alícuotas escalonadas. Para su aplicación se elaborará un proyecto de ley en consulta con todos los sectores involucrados que deberá ser presentado al Congreso Nacional en un término de seis meses contados a partir de la vigencia del nuevo código.
En la sesión de este martes se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento en Oklahoma, Estados Unidos, de la ingeniera Irma Acosta de Fortín, primera presidenta del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), primera mujer en graduarse como ingeniera civil, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1981 y fundadora de la Universidad Privada José Cecilio del Valle y creado del Centro Universitario de Estudios Generales (CUEG), entre otros atributos y quien fue condecorada por el Congreso Nacional en 2014 con la Gran Cruz con Placa de Oro.
En la parte de iniciativas de ley, la diputada liberal por Francisco Morazán, Gabriela Núñez Ennabe, presentó un proyecto de ley orientado a derogar el artículo noveno del decreto 278-2013 que contiene la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, que se refiere al cobro en la del 1.5 por ciento sobre los ingresos brutos iguales o superiores a los 10 millones de lempiras en el período fiscal en el marco del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El diputado nacionalista por Francisco Morazán, Antonio Rivera Callejas presentó una iniciativa para que del fideicomiso que tiene autorizada la municipalidad del Distrito Central y que igualmente tiene autorizados 850 millones de lempiras para emitir bonos municipales para conciliar deudas con entes del Estado y con proveedores, bancos nacionales e internacionales, pero como no han tenido el efecto deseado por la corporación municipal, el proyecto está encaminado a que esos bonos municipales sean convertidos en fideicomisos o a préstamos.
En ese sentido, el proyecto está encaminado a reformar el artículo cuatro y derogar el artículo cinco del decreto legislativo 169-2015, y reformar el artículo seis del decreto 113.
Entretanto, la diputada de Libertad y Refundación (Libre), por Cortés, Scherly Arriaga, presentó una manifestación mediante un pronunciamiento para condenar la explotación y contaminación del acuífero Suncery de San Pedro Sula.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, suspendió la sesión y convocó para una nueva reunión mañana miércoles a las 2:00 de la tarde.