Tomado de La Hora (Guatemala)
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) interpusieron una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, a quien señalaron de dirigir, junto a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, la estructura de defraudación aduanera La Línea.
Los entes de investigación pretenden investigarlo por los delitos de asociación ilícita, caso especiale de defraudación aduanera y cohecho pasivo, los mismos por los cuales se emitió una orden de captura contra Roxana Baldetti.
De acuerdo con las declaraciones del comisionado Iván Velásquez, el análisis de las escuchas telefónicas y la información incautada durante los allanamientos del caso permitió relacionar al mandatario y a la exvicepresidenta con miembros de la estructura criminal.
Según el titular de la CICIG, las referencias, al “Uno”, al “Mero mero”, al “Dueño de la finca”; o, a la “Dos”, a la “Mera mera”, a “La Señora”, en las conversaciones interceptadas a miembros de La Línea son mensiones al presidente Otto Pérez Molina y a Ingrid Roxana Baldetti Elías.
“No hay duda que en un nivel superior a Juan Carlos Monzón, está la participación muy lamentable del señor presidente Otto Pérez Molina y la señora Roxana Baldetti”, aseguró Velásquez.
Juan Carlos Monzón Rojas y Salvador Estuardo González, quienes se pensaba que eran los cabecillas de la estructura criminal, realmente eran el vínculo directo de La Línea y Pérez Molina y Baldetti, explicó la Fiscal General.
Aldana agregó que los documentos encontrados indican que había relaciones de negocios y finanzas con los sindicados desde mucho antes del 2012.
Como ejemplo de los documentos que levantaron las sospechas de los investigadores, Velásquez mencionó un memorándum incautado en la oficina de González, denominado “control de aduanas”, fechado el 13 de abril de 2015, el cual está dirigido al Presidente y consiste en un análisis completo de la recaudación tributaria en aduanas.
El documento incluso indica que podía ser entregado a la CICIG con el fin de “demostrar los esfuerzos del Gobierno en materia de recaudación”, según el titular de la entidad internacional.
Las relaciones financieras y de negocios entre los sindicados y los presuntos líderes de La Línea, se realizaban a través de empresas fantasmas, nombres falsos e información manipulada. “Tenemos que ser muy cuidadosos para no señalar a personas que no sean parte de la investigación”, indicó Velázquez.
Las autoridades aún no han calculado una cifra para lo defraudado al Estado por La Línea, ni se tiene conocimiento del paradero del dinero recibido en concepto de sobornos a través de 13 cuentas bancarias, supuestamente abiertas por orden del Presidente.
PODRÍAN EXTINGUIR BIENES
La Fiscal General informó que la Fiscalía de Lavado de Dinero inició investigaciones sobre el origen de los bienes de Otto Pérez Molina; sin embargo, hasta la fecha, no se ha solicitado ninguna medida de embargo.
LA LÍNEA
El 16 de abril de 2015 una investigación de la CICIG y el MP permitió la desarticulación de una estructura criminal dedicada a la defraudación aduanera y el contrabando, a la que se encuentran vinculados los últimos dos titulares de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el secretario privado de la Vicepresidencia, empresarios, asesores tributarios y otros funcionarios de medio y alto rango.
Las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), entidad adjunta a la CICIG, señalan que la estructura está involucrada en una serie de cobros ilegales a empresarios y usuarios de las aduanas del país.
Por estos hechos 36 personas enfrenta proceso por los delitos de asociación ilícita para el contrabando, contrabando aduanero y defraudación tributaria.
Las pesquisas sobre la estructura de corrupción iniciaron a raíz de una observación de la Fiscalía de Delitos Económicos, que hace dos años no recibe una denuncia o querella por contrabando de aduanas por parte de la SAT.
Las investigaciones comenzaron en mayo del 2014, con la identificación de una red de tramitadores y “vistas” en las aduanas de Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal, quienes conformarían el nivel bajo de la estructura criminal.