Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Mientras en el país se celebra el Día del Periodista, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) amenazó a Canal 36 con sancionarlo bajo el argumento de proteger la seguridad nacional.
“De persistir la transmisión de los mensajes que atentan contra la seguridad del Estado y del interés público, este ente regulador de Telecomunicaciones deviene en la obligación de aplicar lo estatuido en el marco jurídico correspondiente”, cita la certificación de Conatel que violenta los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información.
En el documento oficial, los comisionados de Conatel exhortaron al Operador Ediciones y Publicaciones Periodísticas, Canal 36, “a que se abstenga de continuar emitiendo mensajes que atentan contra la seguridad nacional y el interés público”.
Según la certificación, los mensajes fueron orientados a “difundir falsamente la realización de un golpe de Estado al Presidente Constitucional de la República de Honduras. b) Incitar a la población general al pánico, caos, temor y desinformación. c) Generar incertidumbre con respecto al paradero del Presidente de la República y la suspensión de las garantías constitucionales específicamente mediante toque de queda”, indica la advertencia de Conatel.
En su portal electrónico, la televisora denunció que “como una acción propia de una dictadura, el gobierno de Juan Orlando Hernández amenazó con cerrar canal 36, Cholusat Sur, culpándolo de difundir informaciones que atentan contra la estabilidad del régimen, cuando en realidad el accionar informativo se ha orientado a denunciar los constantes actos de corrupción que se registran en su administración”.
“Esta persecución oficial viene a raíz de la divulgación de hechos que Juan Orlando Hernández y su familia han pretendido mantener escondidos tales como: el saqueo de siete mil millones de lempiras en el IHSS (Seguro Social), en el que participaron dirigentes del Partido Nacional y familiares cercanos; la participación de su hermano, Tony Hernández, actual diputado, en la defensa y liberación de narcotraficantes colombianos; la construcción de una casa valorada en 50 millones de lempiras construida por su hermana y actual ministra de Estrategia y Comunicaciones, Hilda Hernández”, cita la denuncia de Cholusat Sur.
Por su lado, durante su discurso, en la entrega del premio que cada año otorga el Colegio de Periodistas de Honduras, el mandatario Hernández expresó: «Estos pseudoperiodistas ocultan, tergiversan e inventan en su estado afanoso de incendiar al país, y ustedes saben de qué estamos hablando». «Claro que hay que respetar la libertad de expresión y de prensa pero qué ocurre cuando pasan estos excesos. Será que nos vamos a convertir en una nación próspera. No lo vamos a permitir».
La advertencia hecha por Conatel fue notificada este 25 de mayo al director de Canal 36, Esdras Amado López, pese a que los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información estipulan que “no se podrá imponer restricción alguna sobre la libertad de expresión o de información por motivos de seguridad nacional a no ser que el gobierno pueda demostrar que tal restricción esté prescrita por ley y que sea necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés legítimo de seguridad nacional. La responsabilidad de demostrar la validez de la restricción residirá en el gobierno”.
“Cualquier restricción sobre la expresión o la información deberá ser prescrita por ley. La ley deberá ser accesible, inequívoca, redactada estrictamente y con precisión para permitir que los individuos prevean si una acción en particular fuera ilícita”.
“En particular, una restricción que se procurara justificar por motivos de seguridad nacional no será legítima si su propósito genuino o su efecto demostrable es el de proteger intereses inconexos con la seguridad nacional, incluso, por ejemplo, el de proteger a un gobierno de una situación embarazosa o de la revelación de algún delito, o el de ocultar información sobre el funcionamiento de sus instituciones públicas, o el de afianzar una ideología en particular, o el de suprimir la conflictividad industrial”, cita la mencionada ley.
Los Principios de Johannesburgo fueron aprobados en 1995 por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Amenazas a muerte contra reportero
En este mismo contexto, el reportero de la televisora, Richard Smith Casulá, denunció que ha recibido amenazas a muerte, través de llamadas de personas desconocidas, a su teléfono celular.
Estas amenazas han ocurrido tras descubrir, a través de una investigación de campo, y revelar que activistas del Partido Nacional recibían 50 lempiras (2 dólares con 28 centavos) para acompañar protestas promovidas por el gobierno supuestamente para frenar la investigación del escándalo de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social. “Nos llamaron y nos dijeron que si seguíamos haciendo este tipo de reportajes en el que descubrimos los famosos cincuenta lempiras, nos iban a matar”.
“Es lamentable lo que está pasando porque lo único que hemos buscado es revelar una verdad al pueblo hondureño. El gobierno de la República parece que no quiere que esto salga a la luz, engañar a una persona humilde, sobornos, quebrar instituciones, jugar con el clamor del pueblo, con el hambre, salud y educación, eso es lo que no quiere el gobierno”.
Canal 36 fue cerrado durante varios en 2009, tras denunciar que el 28 de junio de 2009 ocurrió un golpe de Estado. El coronel José Arnulfo Jiménez fue condenado a cinco años de cárcel por ese ilícito.