Alarmante control y perfilamiento de la población en el gobierno de Xiomara Castro

Las libertades individuales en Honduras continúan bajo amenaza en Honduras debido a que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ha tomado nuevas medidas que impactan directamente en la privacidad de los usuarios de servicios de telefonía móvil y fija.

Mediante una resolución, el régimen Castrista-Zelayista ha establecido requisitos más rigurosos para la adquisición de tarjetas SIM, imponiendo una serie de condiciones que buscan perfilar a la población y ejercer un control desmedido sobre sus comunicaciones.

Las nuevas medidas obligan a quienes deseen obtener una SIM-CARD para un número telefónico a proporcionar información detallada, incluyendo el nombre completo del comprador, número de Documento Nacional de Identificación (DNI) y el Registro Tributario Nacional (RTN) en el caso de líneas corporativas.

Además, la resolución exige la identificación del distribuidor o revendedor, así como la validación biométrica del rostro de la persona que activa la SIM-CARD. Estos requisitos, especialmente el registro biométrico, han generado inquietud entre la población y activistas de derechos humanos.

La medida, que según el gobierno busca combatir actividades ilícitas, no es más que una estrategia encubierta por parte del régimen para ejercer un control absoluto sobre la población, limitando sus libertades individuales y propiciando un ambiente de vigilancia gubernamental.

La referencia a un registro biométrico ha generado especial preocupación, ya que se teme que esta información sensible pueda ser utilizada de manera indebida o poner en riesgo la privacidad de los ciudadanos. Es de sobra conocido que medidas como estas son característicamente utilizadas por regímenes autoritarios para restringir derechos fundamentales y silenciar voces disidentes.

Acontecimientos como este continúan despertando preocupación por la dirección que toma el país en términos de respeto a los derechos individuales y el fortalecimiento de un control gubernamental que amenaza la democracia.

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