El apoderado legal de al menos 40 agentes de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), Abel Orellana, confirmó este martes que se han interpuesto una denuncia contra el Estado de Honduras.
En ese sentido, el profesional del derecho explicó que no se respetó el procedimiento para concretar la separación de los agentes policiales, después de protagonizar una huelga en junio de este 2019.
Orellana agregó que han presentado 20 demandas en la sala de los contencioso administrativo, porque a mis representados se les violentaron sus derechos, ya que fueron cancelados, aun cuando se presentó el recurso de reposición, enmarcado en la Ley de la Carrera Policial”.
Sin embargo, cuestionó que pese a eso fueron despedidos, por la Secretaría de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad del Estado de Honduras, “ahora lo que sigue es interponer las demandas administrativas para que se les reconozcan sus derechos”.
Finalmente explicó que la demanda alcanzaría una cifra de al menos 80 millones de lempiras, ya que el proceso tardaría unos 4 años para que el juzgado emita un fallo. “Es una falta grave, ya que el ministro de Seguridad Julián Pacheco se comprometió a respetar la estabilidad laboral de los policías y eso no pasó”.
Agentes de lo Tropa TIGRES, realizaron el pasado mes de junio de este año dos días (19 y 20) una huelga a la que denominaron fusiles caídos, exigiendo beneficios laborales, respeto a sus derechos humanos y un cese a las represalias durante las manifestaciones de las últimas semanas.
Luego, por intermediación del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) se llegó a un arreglo con la condición que no se tomarían represalias contra los agentes de fuerzas especiales.
Pero un mes después, (agosto 22) el director de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) Allan Argeñal, reveló que se abrieron las audiencias de descargas a 96 agentes de TIGRES que hace unas semanas se declararon en huelga de fusiles caídos.-Proceso.hn