El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió el lunes un decreto que declara a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional, impuso sanciones a siete venezolanos y expresó su preocupación por el trato que da Caracas a sus opositores.
Las sanciones colocan a Venezuela como el primer adversario ideológico de Estados Unidos en el continente, un estandarte que durante décadas ostentó el gobierno comunista de Cuba hasta que Washington y La Habana anunciaron la reanudación de sus relaciones.
«Funcionarios de Venezuela que ahora y antes han violado los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y se han involucrado en actos de corrupción no serán bienvenidos acá», dijo el lunes el portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest. «Y ahora tenemos herramientas para bloquear sus activos y el uso que hacen del sistema financiero de Estados Unidos».
La orden ejecutiva apunta a personas cuyas acciones socavaron el proceso o las instituciones democráticas, que habrían cometido actos de violencia o de abuso a los derechos humanos, que habrían estado involucrados en prohibir o penalizar la libertad de expresión, o eran funcionarios del Gobierno ligados a corrupción pública, detalló la Casa Blanca.
Declarar a un país como amenaza a la seguridad nacional es el primer paso para iniciar un régimen de sanciones. El mismo proceso se siguió para países como Irán y Siria, dijeron funcionarios estadounidenses.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, anunció que llamaron a consulta «inmediata» a su funcionario de mayor rango en Estados Unidos, el encargado de negocios Maximilien Sánchez.
En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional y segundo hombre fuerte del Gobierno venezolano, Diosdado Cabello, dijo que Estados Unidos planea atacar Venezuela.
«Lo que viene y están planificando, son ataques militares sobre nuestra tierra. Estas declaraciones de emergencia las utiliza el imperio norteamericano cada vez que va a atacar un pueblo», dijo Cabello durante un acto público en el estado occidental de Lara.
Washington aseguró estar «profundamente preocupado por los esfuerzos del Gobierno venezolano para aumentar la intimidación sobre los adversarios políticos» y la «criminalización de la disidencia».
Además, solicitó la liberación de todos los «presos políticos», entre ellos, los más representativos como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el dirigente Leopoldo López.
Desde que asumió en abril del 2013, Maduro ha señalado a la oposición política de Venezuela y a Estados Unidos de intentar fraguar un golpe de Estado en su contra.
Ante ello, Venezuela pidió recientemente a la embajada de Estados Unidos reducir su personal diplomático en un 80 por ciento y empezó a solicitar visas a los estadounidenses que quieran ingresar a Venezuela.
«Hemos visto muchas veces que el Gobierno venezolano trata de distraer sus propias acciones culpando a Estados Unidos o a otros miembros de la comunidad internacional por eventos que suceden en Venezuela», dijo Earnest en un comunicado.
«Esos esfuerzos reflejan una falta de seriedad por parte del Gobierno venezolano para manejar la grave situación que enfrenta», agregó.
Cabello negó en su discurso que los funcionarios venezolanos sancionados posean cuentas en Estados Unidos e hizo un llamado a los opositores y a sus dirigentes a rechazar las recientes medidas del Gobierno de Obama.
«¿Están de acuerdo que el Gobierno de Estados Unidos inicie un bombardeo? Eso es lo que plantean», afirmó.