Es una iniciativa que surge del Mecanismo de Prevención Contra la Tortura, el que a través de la Unión Europea financió un consultor internacional para la construcción de la propuesta.
Ese plan se entregó el año anterior al secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, y según explica Glenda Ayala, excomisionada del Conaprev, generó una serie de procesos a lo interno del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
“Tomaron a bien adoptar el proyecto y adaptarlo a algunas necesidades nacionales como fortalecer el tema de seguridad que no está específicamente definido, así como aspectos que ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las políticas penitenciarias”, explica la abogada.
Ahora lo socializan con las autoridades del INP y el directorio estratégico de la Policía.
Uno de los logros de la política nacional de rehabilitación y reinserción es que se está fortaleciendo el marco normativo y los protocolos de atención y actuación de las autoridades.
“El año pasado se reestructuró la unidad de protección de derechos humanos del INP que solo estaba en la Ley del Sistema Penitenciario, pero no era funcional y generó la creación de cuatro secciones”, dice Ayala
Esas cuatro secciones son: monitoreo y denuncias para recepcionar denuncias de usuarios y ser una alerta temprana en el tema de violaciones de derechos humanos.
La segunda es la de equidad de género, la tercera es seguimiento de cumplimiento de resoluciones y recomendaciones en la que se diseña un programa digital que va a contener la recomendación y cumplimiento a lo interno de la institución.
Por último, la sección de formación en la que se implementa un manual de formación en derechos humanos.
No solo es planificar la formación, sino brindar y monitorear el nivel de cumplimiento.